Exfuncionarios de la Fiscalía Nacional declararon en el marco de la investigación contra el exfiscal Manuel Guerra, revelando detalles sobre cómo se cerraron casos clave en el Caso Penta.
Marta Herrera, exjefa de la Unidad Anticorrupción, Mauricio Fernández, exdirector de la Unidad de Delitos Tributarios, y Andrés Salazar, exasesor de esa unidad, manifestaron su desacuerdo con la forma en que Guerra manejó el caso.
Según Salazar, la decisión de que los controladores de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, solo recibieran clases de ética como sanción fue indignante: «Era la causa más grave de financiamiento político ilegal en la historia del país. Sentí vergüenza».
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El testimonio de Herrera refuerza esta crítica. En una reunión a principios de 2018, Guerra propuso la recalificación de delitos, lo que resultó en la eliminación de la imputación de cohecho al exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner. Según ella, esto facilitó que los controladores del holding recibieran penas menores.
EL CORREO A ABBOTT
El ex fiscal nacional Jorge Abbott también entregó información relevante. En su declaración, presentó un correo en el que Guerra solicitaba ser removido del caso Penta, argumentando que la Unidad Anticorrupción se oponía a la recalificación de los delitos de los controladores del holding.
Abbott rechazó la solicitud, asegurando que debía respetarse la autonomía de los fiscales regionales. Los registros incluyen conversaciones por WhatsApp entre Guerra y el abogado Luis Hermosilla, publicadas en 2024 por The Clinic.
En estos mensajes, fechados en diciembre de 2017, Guerra le adelantó a Hermosilla los cambios que planeaba aplicar en el caso. En uno de los mensajes, Guerra le aseguraba que no necesitaba autorización de Abbott para concretar la suspensión condicional del procedimiento contra el senador Iván Moreira.
Días después, Guerra sostuvo una reunión con Abbott en la que presentó su plan para recalificar delitos en el Caso Penta.
Guerra: No sé si te contó ACH [Andrés Chadwick] en lo que estamos por Moreira.
Guerra: Pero Abbott no quiere suspensión para él.
Hermosilla: No.
Hermosilla: Pero tú me dijiste algo.
Guerra: Pero no se necesita autorización de Abbott.
Guerra: Así que lo haremos.
Y añade:
Guerra: Yo el martes tengo reunión con el (Abbott) para convencerlo de flexibilizar en Penta pero te aseguro que no habrá respaldo explícito.
CASO MOREIRA
Guerra aplicó una suspensión condicional del procedimiento al senador Iván Moreira (UDI), permitiendo cerrar la investigación sin llegar a juicio oral.
Según Salazar, «Nunca había visto un caso con más pruebas de facilitación de facturas falsas que este, y era un caso en condiciones de ser llevado a juicio oral».
Mauricio Fernández, exdirector de la Unidad de Delitos Económicos, respaldó esta percepción y señaló que el desafuero de Moreira era una decisión sólida, lo que hacía inexplicable su salida alternativa. «No tengo el detalle de cómo se gestó la eliminación de cargos, pero estaban en la formalización original», expresó.
GUERRA Y SU INTENTO POR ASUMIR SQM
Marta Herrera reveló además que Guerra mostró interés en asumir el Caso SQM, que en ese momento lideraba el fiscal Pablo Gómez. En una reunión en la Fiscalía Nacional, Guerra manifestó que sería conveniente unificar los casos de financiamiento político ilegal bajo su mando.
Aunque su solicitud no prosperó, el testimonio de Herrera plantea interrogantes sobre su intención de controlar múltiples investigaciones de alto perfil.
“Recuerdo que Manuel Guerra me manifestó en más de una ocasión que quería asumir la investigación de SQM. De hecho, tuvimos una reunión en la Fiscalía Nacional en calle General Mackenna, a donde vino todo el equipo de SQM”, dijo Herrera.
Y añadió: “Ahí se discutió que debían seguirse lineamientos comunes en las distintas investigaciones, y para velar por estos estándares ante la ciudadanía se discutió por parte del fiscal nacional, Jorge Abbott, si era mejor dejar todo en manos de un fiscal regional y un equipo investigador, respecto de lo cual, Manuel Guerra se manifestó señalando que estaba disponible para dicha tarea, lo que le había manifestado directamente el fiscal nacional previamente”.
DOMINGA Y EXALMAR
Las declaraciones también han sacado a la luz omisiones en investigaciones previas dirigidas por Guerra, específicamente en los casos Dominga y Exalmar.
Andrés Salazar relató cómo el fiscal omitió información clave sobre la cláusula contractual en la venta de la minera Dominga, que condicionaba un pago de US$ 9,9 millones a que el gobierno de Sebastián Piñera no protegiera ambientalmente la zona donde se instalaría el proyecto.
Marta Herrera y su equipo confirmaron que este documento estaba en la carpeta física del caso, pero no fue compartido con las unidades técnicas de la Fiscalía Nacional, dificultando la investigación.
«Primero costó mucho rearmar la carpeta, porque esta investigación la había llevado solo Manuel Guerra y sin ayuda de nadie», recordó Herrera.
CASO ABIERTO
Las declaraciones de exfuncionarios han generado dudas sobre la independencia de las decisiones de Guerra y su manejo de causas de alto impacto.
Mientras la investigación sigue su curso, las revelaciones apuntan a un patrón de intervenciones que beneficiaron a imputados en casos de financiamiento político ilegal. La Contraloría y el Ministerio Público continúan recabando antecedentes para esclarecer si existieron presiones externas en estas decisiones judiciales
