Política

Riesgos fiscales superan US$9.200 millones según auditoría

Cristian Navarro H.

Periodista

Riesgos fiscales
Imagen referencial creada con herramientas digitales
El Ejecutivo aseguró que la revisión de más de 500 servicios públicos detectó riesgos fiscales por sobre los US$9.200 millones,

El Gobierno reveló los resultados preliminares de la denominada “auditoría total” a la administración del expresidente Gabriel Boric. Según informó el Ejecutivo, el proceso detectó alertas de riesgo fiscal que superarían los US$9.200 millones en distintos organismos públicos entre 2022 y 2026.

La revisión fue liderada por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y analizó más de 913 millones de datos provenientes de más de 500 servicios públicos. A partir de esos antecedentes, el Ejecutivo instruyó abrir investigaciones en la Junaeb, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

PAGOS ATRASADOS Y COMPROMISOS SIN CUBRIR

Uno de los principales focos de la auditoría apuntó a los llamados “pagos postergados”, que alcanzarían los US$3.200 millones, equivalentes a cerca de un 1% del PIB. Entre los montos identificados figuran US$268 millones adeudados a casi 10 mil pymes proveedoras del Estado, US$400 millones asociados a gratuidad universitaria, US$650 millones vinculados a la Junaeb y otros US$1.000 millones correspondientes a proveedores del sistema de salud.

La subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, afirmó que la revisión detectó “errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control e ineficiencias”, además de antecedentes que eventualmente podrían derivar en investigaciones por irregularidades o hechos con relevancia penal.

COMPRAS ÁGILES Y TRATO DIRECTO BAJO CUESTIONAMIENTO

Otro de los hallazgos relevantes se relacionó con operaciones por US$3.170 millones realizadas mediante trato directo o compra ágil en situaciones donde, según el Ejecutivo, existían condiciones para licitar públicamente.

El informe estimó que estas prácticas habrían generado un costo adicional cercano a los US$760 millones. Entre los organismos con mayores montos observados aparecieron la Cenabast, el Registro Civil y distintos servicios de salud del país.

La auditoría identificó que distintos organismos repitieron compras a un mismo proveedor durante una misma jornada, rindieron menos recursos de los efectivamente ejecutados, registraron subejecuciones presupuestarias superiores al 30%, dejaron concursos públicos sin adjudicar y no recuperaron subsidios asociados a licencias médicas.

GOBIERNO ENDURECE CONTROL Y ABRE INVESTIGACIONES

El Ejecutivo sostuvo que los antecedentes recopilados permitirán fortalecer los mecanismos de control y mejorar la trazabilidad del gasto público. El Gobierno derivó parte de los hallazgos a procesos de revisión interna y a eventuales acciones administrativas.

En paralelo, el informe reveló que aún existen cerca de US$150 millones pendientes de recuperar por concepto de subsidios asociados a licencias médicas.

 

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