Los diputados de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton y Diego Schalper, ingresaron dos requerimientos ante la Contraloría General de la República.
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Uno de ellos apunta a posibles irregularidades en la entrega de pensiones de gracia a presuntas víctimas del estallido social, y el otro cuestiona los elevados sueldos pagados en la Subsecretaría de Seguridad Pública.
PENSIONES
En relación con las pensiones, los parlamentarios señalaron que «El episodio de las pensiones de gracia es un punto oscuro en el manejo de los beneficios fiscales de nuestra institucionalidad y en particular respecto de aquellos que concede el Presidente de la República».
Recordaron que el Informe Final N°419 del ente contralor evidenció diversas irregularidades, como que 58 de los 136 casos analizados correspondían a personas con antecedentes penales.
REQUERIMIENTO PENSIONES DE GRACIA.docx
INFORME
Además, alertaron que «A más de un año de emitido el informe, aún persisten observaciones sin subsanar, lo que demuestra una negligencia en el actuar de los organismos involucrados».
Entre los puntos críticos, la auditoría identificó a dos beneficiarios con procesos judiciales por fraude en subvenciones, otorgó cuatro pensiones sin respaldo documental y mantuvo siete decretos sin entrega formal.
AUDITORÍA DE RN
Por otro lado, Longton y Schalper solicitaron una auditoría a la Subsecretaría de Seguridad Pública, donde detectaron que las remuneraciones mensuales superan los $105 millones.
A su juicio, «Estas elevadas remuneraciones no se condicen con los resultados en materia de seguridad que saltan a la vista de todos los ciudadanos y son claramente no satisfactorios».
Detallaron que algunos funcionarios reciben sueldos superiores al del propio ministro, como el caso del subsecretario Rafael Collado, quien percibe $10.217.749, y jefaturas con ingresos entre $8,2 y $9,3 millones.
LESGISLADORES DE RN
Los legisladores también pusieron en duda la idoneidad de parte del equipo directivo, indicando que algunas contrataciones carecerían de experiencia en temas de seguridad.
Asimismo, advirtieron posibles pagos irregulares asociados a la Asignación de Modernización establecida por la Ley N°19.553, sin acreditación de resultados.
Finalmente, recalcaron que las pensiones de gracia auditadas suman $5.434 millones y que los sueldos de la Subsecretaría representan más de $105 millones mensuales.
«Estamos hablando de cuantiosos recursos fiscales y de un proceso que debe ser revisado en su totalidad para garantizar transparencia y responsabilidad en el uso de los fondos públicos», concluyeron, solicitando que la Contraloría realice las investigaciones correspondientes e informe a la Cámara de Diputadas y Diputados.
