A casi dos años de su ingreso, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) instó al Gobierno a otorgar urgencia legislativa al proyecto de ley que faculta a la Administración pública a iniciar procesos disciplinarios contra funcionarios hasta tres meses después de su renuncia o desvinculación. La solicitud se produce en medio de denuncias reiteradas sobre el uso abusivo de licencias médicas por parte de empleados públicos, quienes, según los parlamentarios, vacacionan impunemente en el extranjero y eluden toda responsabilidad administrativa.
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La iniciativa, presentada el 26 de julio de 2023, busca modificar el Estatuto Administrativo (Ley N° 18.834), incorporando un nuevo inciso final al artículo 119, el cual establece que “en casos calificados y mediante resolución fundada se podrá perseguir la responsabilidad administrativa de un funcionario, aun cuando éste hubiere cesado en sus funciones, siempre que la investigación sumaria o el sumario administrativo se hubiere incoado dentro de los tres meses siguientes al cese en el cargo”. También reemplaza la letra b) del artículo 157, evitando que la salida del cargo extinga automáticamente dicha responsabilidad.
FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA
Según los diputados RN, la propuesta responde a la necesidad de resguardar principios esenciales del servicio público como la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Actualmente, el Estatuto Administrativo limita los sumarios a funcionarios en ejercicio, dejando sin herramientas a la Administración en casos donde las faltas son detectadas con posterioridad a la renuncia.
“La renuncia se ha convertido en un escudo para garantizar impunidad. Es fundamental que existan herramientas para perseguir responsabilidades, especialmente en un gobierno donde el amiguismo ha reemplazado al mérito”, afirmó el diputado Bernardo Berger.
El jefe de bancada, Miguel Mellado, agregó que “este vacío legal mina la confianza en las instituciones y permite que funcionarios utilicen licencias médicas como excusa para salir del país y luego renuncien para evitar cualquier sanción”.
El proyecto se fundamenta en el reconocimiento del sumario administrativo como un procedimiento formalizado, regulado por la ley, que garantiza el debido proceso y permite investigar infracciones graves. No obstante, la normativa vigente impide su aplicación una vez cesadas las funciones, salvo que el sumario haya comenzado antes. Así lo ha reafirmado incluso la Contraloría General de la República, mediante dictámenes como el N° 28.467 de 2010, que ordena el sobreseimiento cuando no se cumplen estos requisitos.
CERRAR UNA PUERTA A LA IMPUNIDAD
Para los parlamentarios, permitir la investigación posterior al término del vínculo funcionarial no solo refuerza la integridad del servicio público, sino que también armoniza el Estatuto Administrativo con otros marcos legales que establecen plazos post-cesación para perseguir responsabilidades, como ocurre con las acusaciones constitucionales.
“El Estado no puede seguir operando con normas que favorecen la impunidad. Necesitamos una herramienta eficaz para sancionar conductas indebidas, incluso cuando el funcionario ya no está en ejercicio”, enfatizaron desde RN.
PRESIÓN AL EJECUTIVO
Finalmente, la bancada de RN anunció que ingresará formalmente una solicitud al Ministerio Secretaría General de la Presidencia para que otorgue urgencia a esta moción, estancada desde 2023 en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara. Los diputados acusaron al Gobierno de priorizar proyectos “ideológicos y sin destino legislativo”, como la ampliación del aborto legal, en lugar de avanzar en herramientas que fortalezcan la probidad en el Estado.
