Tras una extensa reunión sostenida este lunes con la contralora general de la República, Dorothy Pérez, la bancada de diputados de Renovación Nacional ingresó este miércoles un proyecto de ley que busca fortalecer las atribuciones de fiscalización y sanción de la Contraloría, incorporando propuestas presentadas por la propia titular del organismo.
La iniciativa surge como respuesta directa a los hallazgos del reciente informe del órgano contralor, que detectó que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica entre 2023 y 2024. La denuncia, sustentada en cruces de datos con la Policía de Investigaciones, reveló más de 59.000 entradas y salidas del país asociadas a 35.585 licencias médicas, lo que motivó la apertura de 6.600 sumarios administrativos y la renuncia de más de 1.100 funcionarios.
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Frente a este escenario, el proyecto busca dotar a la Contraloría de nuevas herramientas para enfrentar con mayor eficacia estas prácticas. Entre las principales modificaciones, se propone que el órgano contralor tenga acceso directo y oportuno a información financiera y bancaria de los organismos fiscalizados, incluyendo la facultad de solicitar datos directamente a entidades bancarias sin pasar por intermediarios.
AMPLIAR PODER SANCIONATORIO
Además, la iniciativa amplía la potestad sancionadora de la Contraloría, permitiéndole aplicar directamente medidas disciplinarias como multas y suspensiones sin goce de sueldo frente a incumplimientos en la entrega de información. También se contempla la facultad de requerir a los tribunales electorales regionales sanciones contra alcaldes y gobernadores, con el objetivo de evitar que consideraciones políticas frenen la aplicación de sanciones por faltas a la probidad.
Otro aspecto clave del proyecto es la modernización de los procedimientos sumariales, que podrán realizarse preferentemente por medios electrónicos y digitales, para garantizar mayor rapidez, transparencia y eficiencia en las investigaciones.
Los diputados de Renovación Nacional enfatizaron la urgencia de fortalecer la Contraloría, aludiendo a los graves casos de corrupción ocurridos en los últimos años. “Debemos dotar al órgano fiscalizador de recursos, personal y herramientas jurídicas eficaces para que pueda sancionar con contundencia”, declararon.
El proyecto fue ingresado como moción parlamentaria y propone modificar diversos artículos de la Ley N° 10.336 sobre la organización y atribuciones de la Contraloría General de la República.
DUDAS SOBRE NEUTRALIDAD DEL ÓRGANO CONTRALOR
La decisión de la contralora Dorothy Pérez de reunirse exclusivamente con la bancada de Renovación Nacional para consensuar propuestas legislativas despierta legítimas dudas sobre la neutralidad institucional del órgano que dirige. Si bien es habitual que la Contraloría colabore técnicamente con el Congreso, hacerlo solo con un sector político —y sin convocar a otras bancadas o recurrir a los canales oficiales como comisiones parlamentarias o la Segpres— genera un precedente delicado. La probidad y autonomía que defiende la Contraloría deben también reflejarse en su forma de relacionarse con el poder político, evitando cualquier señal de sesgo o coordinación unilateral que pueda erosionar su credibilidad pública.
