Un oficio dirigido al Presidente Gabriel Boric y a la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República fue ingresado por diputados de Renovación Nacional (RN) para requerir información sobre la existencia —o eventual omisión— de procesos disciplinarios en el marco de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
La operación se cuestionó por haber involucrado a familiares directos del exmandatario, la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández, quienes no podían legalmente celebrar contratos con el Estado al momento de la negociación.
La acción la encabezan los diputados Miguel Mellado y Carla Morales (jefe y subjefa de bancada), junto a Andrés Longton y Paula Labra, miembros de la comisión investigadora del caso.
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Según relataron, en la sesión del 5 de mayo el jefe de gabinete presidencial, Carlos Durán, admitió no conocer las inhabilidades constitucionales involucradas “hasta que fue informado oficialmente”.
Además, afirmó que la revisión legal era responsabilidad de los ministerios involucrados y de la Contraloría, descartando que el Segundo Piso realice funciones jurídicas.
El seguimiento del proceso de compra recayó en Leonardo Moreno —hoy exfuncionario— quien reconoció que la instrucción para explorar la adquisición provino directamente de Durán en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
Sin embargo, la operación avanzó pese a advertencias previas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y del Ministerio de Bienes Nacionales sobre sus riesgos legales y políticos.
“Las contradicciones son evidentes y la ausencia de responsables es inadmisible”, señaló el diputado Andrés Longton. “Mientras el gobierno anteponga amistades por sobre la transparencia, vamos a seguir exigiendo que se diga la verdad y que se investigue a todos los responsables”.
Por su parte, la diputada Paula Labra acusó que el Ejecutivo ha mostrado poco interés en perseguir responsabilidades. “Están muy apurados por dar vuelta la página y eso no lo vamos a permitir”, afirmó.
En concreto, el oficio solicita saber si se ha iniciado algún proceso disciplinario y si en las renuncias de Moreno y Bernardita Nazar se dejó constancia de la existencia de una indagatoria interna. “Cuando existan sospechas de faltas de probidad, corresponde investigar”, concluye el documento.
