Con incredulidad reaccionaron los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton y Paula Labra, a la respuesta de la jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, Francisca Moya, si sabía o no de la inhabilidad que tenían la senador Isabel Allende y la exministra de Defensa, Maya Fernández, de hacer negocios con el Estado. Y cómo no, si la mujer de frentón dijo: “Sí”.
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El escenario fue la comisión investigadora por la frustrada compra de la casa del expresidente Salvador Allende, hasta donde llegó Moya junto al ministro del Interior, Álvaro Elizalde -titular de la Segpres al momento de la firma del decreto- y de Lucas Vera, quien revisó el documento.
«LAS RESPONSABILIDADES SON EVIDENTES»
Para Andrés Longton, presidente de la instancia investigadora, el reconocimiento de la jefa jurídica de la Segpres de estar en conocimiento de la inhabilidad para llevar adelante la compra, “confirma que hoy en día Francisca Moya probablemente está en su cargo, particularmente por su estrecha relación con el Presidente de la República”. Agregando que “las responsabilidades son evidentes de quien tenía la obligación de advertirle al Presidente de que había una inconstitucionalidad flagrante”.
El parlamentario de la Región de Valparaíso precisó, además, que Moya “tenía la obligación de advertir, porque ella está en un cargo además político, y eventualmente el decreto 38 podría haber sido declarado ilegal e inconstitucional”. Complementando, luego, que “es inconcebible que el ministro Segpres de la época, el señor Elizalde, no haya decretado un sumario administrativo dentro de la división jurídica”.
Andrés Longton también cuestionó que practicante haya revisado un decreto “de esta envergadura y después la jefatura (Francisca Moya) haya advertido la ilegalidad y no hizo nada al respecto”.
Por su parte la diputada Paula Labra, integrante de la comisión investigadora, afirmó que Moya “debería renunciar inmediatamente a su cargo”. La parlamentaria cuestionó que la jefa jurídica de la Segpres “estando en conocimiento que el decreto que ella entregó al Presidente Boric para su firma vulneraba la constitución, y haya reconocido que ella sabía que se estaba infringiendo el artículo 37 bis y el 60 de la constitución y que a pesar de eso lo entregó para su firma al Presidente”.
Concluyó, entonces, que “queda la gran duda que es altamente preocupante. ¿Ella le alertó al Presidente y él quiso perseverar en esto? O en caso contrario ella lo sabía y no lo alertó. En ese caso ella debe renunciar inmediatamente a su cargo”.
