La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) presentó este martes un requerimiento ante la Contraloría General de la República solicitando que se fiscalice el eventual incumplimiento de deberes funcionarios por parte de Francisca Moya Marchi, actual jefa de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), en el marco del fallido proceso de compraventa del inmueble que perteneció al expresidente Salvador Allende.
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El requerimiento fue firmado por los diputados Miguel Mellado, Carla Morales, Paula Labra y Andrés Longton —presidente de la comisión investigadora del caso— quienes advirtieron que la funcionaria “cometió una negligencia grave en sus funciones” al no advertir la inconstitucionalidad del Decreto Supremo N°38, que autorizó la compra del inmueble, pese a que este involucraba a autoridades impedidas por ley de contratar con el Estado.
RECONOCIMIENTO DE OMISIÓN ANTE LA COMISIÓN INVESTIGADORA
Durante su comparecencia ante la comisión investigadora el pasado 7 de abril, Moya reconoció que sabía de la participación de la senadora Isabel Allende y la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, como vendedoras del inmueble, aun cuando la Constitución prohíbe expresamente que parlamentarios y ministros celebren contratos con el Estado. No obstante, justificó su omisión indicando que no consideraba que esa advertencia estuviera dentro de sus atribuciones.
RN ACUSA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE SUS FUNCIONES LEGALES
Los parlamentarios cuestionaron duramente esa interpretación. En el oficio enviado a la Contraloría sostienen que la División Jurídico-Legislativa tiene la función de realizar una “revisión técnico-legal” de los decretos supremos, conforme al artículo 6 de la Ley N°18.993, lo que incluye su conformidad con la Constitución y no solo con normas de rango legal.
“El rol de la Sra. Moya no podía limitarse a revisar la legalidad formal, debía advertir la transgresión constitucional evidente que implicaba autorizar un contrato con autoridades inhabilitadas por la Carta Fundamental”, afirma el documento. Además, citan los artículos 61 y 64 del Estatuto Administrativo que obligan a los jefes de división a ejercer control jerárquico sobre sus dependencias y asegurar la legalidad de las actuaciones.
CRISIS INSTITUCIONAL Y SALIDAS FORZADAS: MOYA, LA ÚNICA INDEMNE
A pesar de la magnitud del error y la salida de otras autoridades involucradas —como la exministra Maya Fernández, la senadora Isabel Allende, y la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval— el gobierno no ha adoptado ninguna medida respecto de Moya. Para el diputado Longton, eso responde a una decisión política del Presidente Boric: “La mantiene en el cargo quizás por cercanía, amistad o porque sabe demasiado. El Presidente simplemente no toma la decisión de sentido común de apartar a quien no tiene las capacidades mínimas para ejercer un cargo de esa envergadura
DIPUTADOS EXIGEN A CONTRALORÍA INICIAR SUMARIO Y APLICAR SANCIONES
El requerimiento de RN solicita a la Contraloría instruir un procedimiento administrativo para establecer la eventual responsabilidad de Moya y de otros funcionarios involucrados en la revisión y aprobación del Decreto Supremo N°38. Asimismo, piden que el órgano contralor requiera antecedentes al Ministerio Secretaría General de la Presidencia para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones que correspondan.
