En la antesala de una nueva semana legislativa, la bancada de Renovación Nacional (RN) solicitó al Presidente José Antonio Kast otorgar discusión inmediata al proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, en medio de un creciente debate sobre el enfoque que debe adoptar el sistema frente a la violencia juvenil.
La petición, formalizada mediante una carta enviada al Mandatario , busca acelerar la tramitación de la iniciativa contenida en el Boletín N° 15.589-07, actualmente en segundo trámite en el Senado. El proyecto propone endurecer las sanciones para menores de edad involucrados en delitos de alta gravedad, en respuesta, según argumentan los parlamentarios, a una “crisis de violencia y criminalidad juvenil” que afecta al país.
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Desde RN sostienen que el actual sistema presenta debilidades, especialmente frente a casos de multireincidencia y delitos graves. En esa línea, advierten que el modelo vigente, centrado en la reinserción, no ha logrado contener fenómenos delictuales cada vez más complejos, incluyendo la participación de adolescentes en hechos asociados a armas de fuego, incendios y agresiones en contextos escolares.
El jefe de bancada, Diego Schalper, afirmó que la iniciativa apunta a fortalecer la persecución penal y garantizar una respuesta “más vehemente” del Estado ante delitos cometidos por menores. Su par, Eduardo Durán, enfatizó que el objetivo es establecer sanciones más estrictas, especialmente en crímenes de alta connotación social.
DEBATE POR “JUSTICIA EJEMPLIFICADORA”
La propuesta, sin embargo, ha abierto cuestionamientos respecto del cambio de enfoque en la política penal juvenil. Críticos advierten un desplazamiento desde los principios de rehabilitación hacia una lógica de “justicia ejemplificadora”, lo que podría tensionar los estándares tradicionales del sistema de responsabilidad adolescente.
En ese contexto, también han surgido alertas sobre posibles efectos indirectos de la reforma. Analistas y actores sociales advierten que al vincular en el debate legislativo fenómenos como el crimen organizado con hechos ocurridos en establecimientos educacionales, se podría configurar un marco legal más severo que termine alcanzando situaciones de protesta estudiantil que deriven en incidentes.
Según estas visiones, este enfoque podría abrir la puerta a que manifestaciones en contextos escolares sean tratadas bajo criterios asociados a criminalidad grave, lo que implicaría un cambio relevante en la forma en que el Estado aborda la conflictividad estudiantil.
ESCENARIO LEGISLATIVO EN TENSIÓN
El proyecto cuenta con respaldo mayoritario tras su paso por la Cámara de Diputados, pero su discusión en el Senado se anticipa compleja, en medio de posiciones contrapuestas sobre el equilibrio entre sanción y reinserción.
Mientras el oficialismo insiste en la necesidad de actualizar la legislación frente a nuevas formas de criminalidad juvenil, sectores críticos llaman a resguardar el enfoque garantista del sistema, advirtiendo que una sobrerreacción punitiva podría generar efectos no deseados en el ámbito social y educativo.
La discusión se instala así como uno de los ejes clave del debate legislativo en materia de seguridad y justicia durante las próximas semanas.
