Un grupo de diputados de Renovación Nacional ingresó una propuesta legislativa que busca modificar la normativa vigente para que los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) respondan de manera solidaria por los costos procesales cuando las querellas impulsadas por el organismo no prosperen ante la justicia.
Los jefes de bancada Miguel Mellado y Carla Morales, junto con la diputada Ximena Ossandón integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara presentaron la iniciativa.
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La propuesta contempla una modificación a la Ley N° 20.405, introduciendo nuevos requisitos para la presentación de acciones judiciales por parte del INDH.
QUERELLAS
En detalle, el texto plantea que las querellas del Instituto deberán contar con la aprobación unánime de los consejeros presentes en la sesión correspondiente del Consejo.
En caso de no alcanzarse ese nivel de consenso, se podrá autorizar por mayoría absoluta, pero quienes voten a favor deberán asumir de manera solidaria las costas del juicio si el proceso no tiene éxito.
Asimismo, se propone un ajuste al artículo 8° de la ley orgánica del INDH, señalando que será el Consejo el único órgano facultado para autorizar la interposición de cualquier acción judicial. De acuerdo con los autores, esta medida busca «racionalizar» el uso de este mecanismo legal y prevenir su posible utilización con fines políticos.
PROYECTO
El proyecto surge a raíz de las críticas hacia el accionar del INDH tras el estallido social de octubre de 2019.
Según los parlamentarios, durante ese periodo el INDH presentó querellas sin sustento suficiente, lo que provocó juicios fallidos, altos costos para el Estado y perjudicó la imagen de funcionarios que más tarde resultaron absueltos.
INICIATIVA
Uno de los casos que motivan esta iniciativa es el del exfuncionario de Carabineros Sebastián Zamora, a quien absolvieron en el marco del caso «Puente Pío Nono». En esa oportunidad, los tribunales condenaron al INDH a pagar $40 millones en costas judiciales.
También se menciona el caso del marino Ricardo Seguel San Martín, absuelto por el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, cuyo proceso culminó con una condena al Instituto por $14 millones en costas.
INDH
Según cifras entregadas por el propio INDH al Congreso, de las 2.809 causas judiciales iniciadas tras el estallido social, solo 51 terminaron con una condena, es decir, un 1,82%.
«Lo que buscamos con esta moción es evitar que el Instituto, cuya misión es proteger los derechos humanos, sea utilizado con fines políticos para perseguir a quienes están encargados de mantener el orden público. La defensa de los derechos humanos debe ejercerse con seriedad, no con populismo judicial», señalaron los autores del texto.
En esa misma línea, advirtieron que «El Instituto ha sido utilizado para perseguir sin pruebas a miles de funcionarios públicos, lo que podría calificarse como un actuar sistemático desde una estructura estatal contra un grupo determinado de personas: los agentes del orden».
