La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), encabezada por su jefe Miguel Mellado y su subjefa Carla Morales, junto a los parlamentarios RN que forman parte de la Comisión de Educación, Marcia Raphael y Hugo Rey, expresaron su enérgico rechazo y preocupación por el grave incidente ocurrido este martes en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), donde el encargado de seguridad fue rociado con combustible por personas desconocidas desde el interior del establecimiento.
En una carta de RN dirigida al rector interino del INBA, Gonzalo Saavedra, los legisladores pidieron que se apliquen de inmediato las medidas contempladas en la Ley N° 21.128, conocida como «Aula Segura», para suspender provisionalmente a los estudiantes involucrados, iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes y además presentar una denuncia penal conforme al artículo 175 del Código Procesal Penal.
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«No podemos permitir que la violencia se normalice en los establecimientos educacionales. Estos hechos no solo atentan contra la infraestructura y el orden escolar, sino que ponen en riesgo directo la vida e integridad física de funcionarios, estudiantes y terceros», señaló la diputada Marcia Raphael.
DOCUMENTO
El documento también recuerda que este suceso se suma a una serie de ataques graves, destacando la explosión del 23 de octubre de 2024 que dejó 35 estudiantes heridos, varios de ellos con lesiones graves. Asimismo, menciona reiterados ataques incendiarios contra buses del sistema Red, carabineros y transeúntes, todos originados dentro del liceo.
Por su parte, el diputado Hugo Rey enfatizó que la Ley Aula Segura otorga a los directores la facultad para suspender o expulsar a quienes cometan faltas muy graves, como el porte o uso de artefactos incendiarios.
«La educación no puede ser rehén de la violencia. Estos actos deben tener consecuencias ejemplares para proteger a la comunidad escolar y garantizar un ambiente seguro de aprendizaje», afirmó Rey.
UDI PIDE URGENCIA A «AULA SEGURA 2.0» Y FISCAL PREFERENTE PARA INVESTIGAR APOYO EXTERNO EN VIOLENCIA ESCOLAR
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, junto a los diputados de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, solicitó al Gobierno dar máxima urgencia a un proyecto de ley presentado por la bancada gremialista en julio de 2018.
La iniciativa busca impedir que alumnos sancionados por participar en actos graves de violencia dentro o fuera de sus establecimientos puedan acceder a beneficios estatales como la gratuidad en la educación superior.
PROPUESTA
La propuesta, denominada por sus autores como «Aula Segura 2.0», amplía la actual legislación que otorga más atribuciones a los directores para sancionar o expulsar a estudiantes involucrados en hechos violentos.
HECHOS OCURRIDOS EN EL INBA
Sobre el contexto, señalaron: «Los hechos ocurridos ayer en el INBA y que se suman a los distintos episodios que han sucedido durante las últimas semanas en distintos colegios, sobre todo en los liceos emblemáticos, ameritan que tanto el Gobierno como el Congreso busquen una solución a los problemas graves de violencia que estamos viendo a lo largo de nuestro país. Y por eso como Bancada UDI presentamos hace más de siete años un proyecto que es de todo sentido común, porque si hay alumnos que se dedican de manera permanente a atentar contra sus establecimientos, contra los profesores y están provocando un daño profundo a la educación pública, no tiene ningún sentido que puedan acceder a la gratuidad universitaria en un futuro».
Los parlamentarios añadieron que la medida podría tener un «Efecto disuasivo» en los estudiantes, ya que «Van a saber que si participan en uno de estos incidentes no podrán postular a la gratuidad ni a otros beneficios una vez que egresen».
DESIGNAR UN FISCAL
Asimismo, Ramírez, Bobadilla y Cornejo pidieron al Ministerio Público designar un fiscal preferente para investigar la posible participación de adultos en los recientes hechos de violencia en colegios.
Según señalaron, en las últimas semanas han surgido antecedentes sobre un eventual apoyo externo de carácter político, ideológico o delictual.
«Todo apunta a que los violentistas disfrazados de estudiantes estarían recibiendo un apoyo externo, por parte de adultos, para cometer todos estos actos violentos. Ya ha ocurrido en años anteriores y no existe ninguna razón para no sospechar que hoy pueda estar sucediendo exactamente lo mismo. Por eso es fundamental la investigación que pueda realizar la Fiscalía, para así determinar qué grupos están detrás, con qué motivaciones y cuáles serían sus objetivos», manifestaron.
