El exdiputado, Joaquín Lavín León consiguió este jueves un cambio en su situación judicial luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara la prisión preventiva que cumplía y ordenara su arresto domiciliario total.
La decisión dejó sin efecto la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía, que días antes había rechazado modificar la medida cautelar solicitada por la defensa.
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La Segunda Sala del tribunal de alzada revisó los antecedentes del caso tras la apelación presentada por los abogados del exdiputado.
La resolución fue adoptada por mayoría de los ministros que integraron la sala, encabezada por Juan Cristóbal Mera.
En el fallo, la Corte estimó que el tiempo transcurrido desde la imposición de la prisión preventiva constituía un antecedente nuevo para revisar la medida.
Con esa evaluación, el tribunal concluyó que mantener a Joaquín Lavín Jr. privado de libertad ya no resultaba indispensable para el desarrollo de la investigación.
A partir de ahora, el exparlamentario deberá cumplir arresto domiciliario total, además de mantener arraigo nacional.
La resolución también le prohíbe comunicarse con otros imputados y con los testigos vinculados a la causa.
Investigación
Joaquín Lavín Jr. continúa siendo investigado por el Ministerio Público en una causa relacionada con presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos.
La Fiscalía sostiene que los hechos investigados habrían provocado un perjuicio económico al Congreso Nacional superior a los 189 millones de pesos entre 2015 y 2026.
Uno de los antecedentes apunta a la presentación de 32 facturas presuntamente ideológicamente falsas emitidas por la Imprenta MMG.
Según la investigación, esos documentos habrían permitido financiar deudas de campañas electorales mediante recursos provenientes de asignaciones parlamentarias.
El Ministerio Público también indaga la plataforma digital SocialTazk, desarrollada desde 2017 para administrar bases de datos electorales.
La Fiscalía sostiene que ese proyecto habría sido financiado completamente con recursos del Congreso Nacional.
Otro de los capítulos de la investigación corresponde a la contratación de Belén Carrasco Riquelme como asesora parlamentaria.
De acuerdo con la acusación, la profesional habría dejado de cumplir funciones desde 2018, pese a continuar recibiendo remuneraciones financiadas con fondos públicos.
El expediente también incorpora una investigación por presunto tráfico de influencias.
En ese punto, la Fiscalía afirma que el exdiputado habría utilizado su vínculo con la entonces alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, para favorecer el nombramiento de personas cercanas en cargos directivos del municipio.
Con el cambio de medida cautelar, Joaquín Lavín Jr. seguirá enfrentando la investigación desde su domicilio mientras el Ministerio Público continúa desarrollando las diligencias del caso.
