Antes de presentarse la segunda megarreforma del gobierno, desde el propio oficialismo hay muestras de que se ha «desgranado el choclo». Por eso es válido preguntarse: ¿Se cae la reforma constitucional de la ACOT?
La reforma constitucional que el Gobierno presentó como uno de los pilares de su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) comenzó a encontrar obstáculos antes de avanzar en el Congreso.
El problema para La Moneda ya no proviene solamente de la dese las FFAA o la oposición. Las dudas alcanzaron al PDG, parlamentarios que anteriormente entregaron votos al Ejecutivo e incluso a la UDI, uno de los principales partidos del oficialismo. Y, hasta al menos, una ministra que ha planteado objetivamente sus dudas.
La interrogante comienza entonces a instalarse: ¿tiene el Gobierno los votos necesarios para aprobar su reforma constitucional? Necesitan 4/7…
La reforma dividió al propio gabinete
Las dificultades comenzaron incluso antes de medir los votos en el Congreso. La propuesta abrió una discrepancia pública dentro del propio gabinete de José Antonio Kast.
La ministra de Salud, May Chomalí, cuestionó la posibilidad de suspender prestaciones sanitarias financiadas por el Estado a personas condenadas por crimen organizado, terrorismo o narcotráfico. Advirtió que la medida podría resultar incompatible con normas vigentes, entre ellas la Ley de Urgencia, que obliga a entregar atención médica independientemente de la condición del paciente.
Sus declaraciones dejaron además al descubierto otro problema. Chomalí señaló que esperaba que su cartera fuera consultada cuando la iniciativa avanzara, pues la reforma afecta directamente prestaciones correspondientes al sector que encabeza.
Duro cruce
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, respondió públicamente a su compañera de gabinete. Aseguró que Chomalí “desconoce el proyecto constitucional” y sostuvo que estaba opinando sobre una materia respecto de la cual “quizás no estaba tan al tanto”.
La diferencia dejó así de ser exclusivamente técnica. Dos ministros expusieron públicamente posiciones distintas sobre uno de los aspectos más controvertidos de una reforma que el Gobierno convirtió en pieza central de su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo.
El episodio tampoco quedó encerrado en La Moneda. Las objeciones de Chomalí encontraron rápidamente eco en el Congreso. El senador Matías Walker respaldó los reparos de la ministra y anunció que el Gobierno no contará con su voto para aprobar la iniciativa en sus actuales términos.
La discrepancia interna terminó así proyectándose sobre el mismo lugar donde el Ejecutivo necesita construir una mayoría que todavía no tiene asegurada.
La UDI abre flanco interno
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, advirtió que su partido no está disponible para respaldar la iniciativa en sus actuales términos. La colectividad cuestiona especialmente la propuesta que permitiría suspender prestaciones sociales a personas condenadas por narcotráfico, terrorismo o crimen organizado.
Ramírez sostuvo que, tal como está planteada, la reforma puede dañar la institucionalidad. El reparo resulta especialmente relevante porque ya no proviene de quienes se oponen políticamente al Gobierno, sino desde una colectividad que forma parte de su propia base parlamentaria.
La discusión tampoco enfrenta necesariamente a partidarios y detractores de endurecer el combate contra el crimen organizado. Parte de las objeciones apunta al instrumento escogido por el Ejecutivo y a la necesidad de llevar algunas de esas medidas hasta la Constitución.
Parisi dice que los votos del PDG “no están”
A ese escenario se sumó este domingo Franco Parisi. El líder del Partido de la Gente rechazó la reforma constitucional y aseguró que los votos de sus parlamentarios “no están”. Parisi argumentó que el Gobierno dispone de herramientas legales y reglamentarias para avanzar en seguridad sin modificar la Carta Fundamental. Incluso utilizó el operativo Cancerbero para respaldar su posición.
“Cancerbero estuvo bien”, sostuvo, pero agregó que “no se necesita la reforma constitucional”. La distinción resulta políticamente relevante. El PDG no rechaza necesariamente las medidas adoptadas contra el crimen organizado, sino la necesidad de modificar la Constitución para ejecutarlas.
El episodio recuerda la posición que el partido asumió durante la tramitación de la megarreforma. Entonces marcó públicamente diferencias con La Moneda, elevó sus exigencias y negoció hasta conseguir acuerdos -pañales- antes de entregar finalmente sus votos.
Torpeza y Kast «no tiene liderazgo»
No pasaron desapercibidas, eso sí, algunas críticas directas de Parisi a la acción del gobierno y a la capacidad del presidente Kast. Sobre lo primero señaló que abrir nuevamente el debate constitucional genera incertidumbre y constituye una decisión equivocada. “Por eso fue una torpeza, a buen juicio, abrir esa puerta. Los votos del PDG no están”, dijo.
Pero fue más allá. También se refirió al cruce de los ministros Arrau y Chomalí, Al ser consultado por las diferencias entre estos ministros, afirmó: “Eso ocurre porque Kast no tiene liderazgo, uno, y dos, porque no se prepararon”. Más adelante reiteró: “Aquí el problema es que el presidente Kast no tiene liderazgo”.
Aunque todavía resulta prematuro interpretar las palabras de Parisi como una ruptura definitiva. También pueden constituir el comienzo de una nueva negociación. La diferencia es que esta vez el líder del PDG no discute solamente aspectos particulares del proyecto. Cuestiona la necesidad misma de la reforma constitucional.
El problema también está en el Senado
La dificultad de Kast no termina en la Cámara de Diputados. El PDG carece de representación en el Senado y el Ejecutivo necesita allí construir otra mayoría. En esa tarea tampoco puede contar automáticamente con parlamentarios que respaldaron la megarreforma.
Matías Walker y Miguel Ángel Calisto ya anticiparon que no apoyarán la reforma constitucional en los términos planteados por el Gobierno. Ambos formaron parte de la mayoría transversal que permitió al Ejecutivo sacar adelante su gran reforma económica.
La comparación resulta importante. Para aprobar la megarreforma, La Moneda logró construir una mayoría que excedió sus propias fuerzas. Negoció con el PDG en la Cámara y consiguió sumar parlamentarios ajenos al oficialismo en el Senado.
Esa misma geometría política no aparece, por ahora, en la reforma constitucional de seguridad.
Una mayoría que no se repite
Kast convirtió la aprobación de la megarreforma en una demostración de que su Gobierno podía negociar o pirquinear acuerdos pese a carecer de mayoría oficialista propia en el Congreso.
La ACOT representa ahora una prueba distinta.
El Ejecutivo necesita convencer primero a sectores de su propia coalición que mantienen serios reparos sobre algunas medidas. Después deberá recuperar o negociar los votos del PDG en la Cámara y buscar apoyos adicionales en un Senado donde tampoco tiene asegurada la mayoría.
El escenario todavía puede cambiar. Las declaraciones conocidas hasta ahora pueden abrir negociaciones, modificaciones al proyecto o acuerdos que permitan reconstruir los apoyos.
Pero la fotografía política de este domingo muestra algo distinto a lo ocurrido con la megarreforma: la mayoría transversal que Kast consiguió entonces no se trasladó automáticamente a su principal ofensiva legislativa en seguridad.
Y esta vez la dificultad no está solamente al otro lado del Congreso. Parte de ella comenzó a aparecer dentro de su propia coalición.
