La situación judicial del diputado Joaquín Lavín León (ex UDI), esposo de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, se complica. La Fiscalía Metropolitana Oriente lo investiga por presuntos delitos de corrupción vinculados al uso de asignaciones parlamentarias y financiamiento irregular de campaña, mientras que este viernes el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en su contra.
El Ministerio Público estaría evaluando solicitar el desafuero del parlamentario ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con el objetivo de formalizarlo por fraude al Fisco y lavado de activos. De acuerdo con fuentes ligadas al caso, la fiscal Constanza Encina y la Brigada Anticorrupción de la PDI ya cuentan con antecedentes sólidos que podrían justificar la prisión preventiva del legislador.
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DECLARACIÓN ANTE LA FISCALÍA
En su reciente interrogatorio —un documento de 55 páginas— Lavín optó por renunciar a su derecho a guardar silencio y desplegó una estrategia de defensa que apunta a su exasesor Arnaldo Domínguez, a quien desvinculó en abril pasado y que figura como uno de los principales operadores administrativos de su oficina parlamentaria.
Consultado por el uso de asignaciones parlamentarias para saldar deudas de campaña, Joaquín Lavín León responsabilizó directamente a su exasesor Arnaldo Domínguez. Afirmó que este actuaba con plena autonomía en las tareas territoriales y que la funcionaria Aída se encargaba de ingresar las rendiciones al sistema Asigpar, sin intervención directa del parlamentario.
ACUSACIONES DE “ALCALDE EN LAS SOMBRAS”
Durante el interrogatorio, la Fiscalía Oriente indagó el grado de influencia que Lavín habría ejercido sobre la administración municipal de Maipú cuando su esposa, Cathy Barriga, ejercía como alcaldesa. En ese contexto, los fiscales le preguntaron por la existencia de supuestas “listas negras” de funcionarios desvinculados por motivos políticos.
Lavín negó haber dado instrucciones sobre el funcionamiento del municipio, pero reconoció que recopiló antecedentes sobre presuntas irregularidades ocurridas en la administración saliente y que transmitió esa información a un asesor de confianza de Barriga. Aseguró que nunca intervino en la toma de decisiones internas del municipio y que solo recomendó a personas de su entorno ante lo que calificó como un ambiente hostil.
“Nunca le indiqué cómo debía organizar el municipio”, insistió, aludiendo a las décadas de dominio de la izquierda en Maipú como factor de conflicto.
QUERELLA DEL CDE Y ANTECEDENTES CLAVE
El Consejo de Defensa del Estado fundamentó su querella en antecedentes ya reunidos por el Ministerio Público, entre ellos el uso de facturas presuntamente falsas, declaraciones de excolaboradores del parlamentario y registros de correos electrónicos y conversaciones de WhatsApp.
En octubre de 2024, la Policía de Investigaciones allanó la oficina parlamentaria de Lavín León como parte de un operativo que incluyó otras diligencias dirigidas a su círculo más cercano. La investigación apunta a que parte de los recursos rendidos ante el Congreso se habrían destinado de manera indebida a fines electorales.
CONTEXTO POLÍTICO Y JUDICIAL
El caso se da en un contexto complejo para el matrimonio Lavín-Barriga, marcado por el reciente paso de la exalcaldesa por prisión preventiva, en el marco de otra causa por fraude en la Municipalidad de Maipú. Ahora, con una querella del CDE en curso y una eventual solicitud de desafuero en el horizonte, Joaquín Lavín León podría convertirse en el siguiente exponente del escenario político en enfrentar cargos formales por corrupción.
