La agenda de seguridad volvió a convertirse en un punto de fuerte confrontación entre oposición y oficialismo, luego de que el expresidente Gabriel Boric cuestionara la reforma constitucional impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast y defendiera una oposición “clara y firme” frente a la iniciativa.
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Desde Magallanes, Boric manifestó sus reparos particularmente respecto de la propuesta para establecer un nuevo estado de excepción constitucional, que contempla un período de hasta 240 días con atribuciones especiales para el Presidente de la República.
El exmandatario calificó la iniciativa como una medida que implicaría una “limitación de libertades” inédita y llamó a sus sectores a ejercer una oposición “franca, respetuosa, pero abierta, clara y firme”.
Sus declaraciones encontraron respaldo en la bancada PPD-Independientes. La jefa de bancada, Andrea Parra, sostuvo que los cambios a la Constitución deben analizarse con especial cuidado, debido a que sus efectos pueden trascender a los gobiernos que los promueven.
Parra planteó que futuras administraciones podrían utilizar nuevas facultades de manera inadecuada y aseguró que existen otras herramientas para fortalecer la seguridad sin recurrir necesariamente a una reforma constitucional.
En esa línea, afirmó que el PPD está disponible para colaborar y respaldar una agenda legislativa en materia de seguridad, pero cuestionó que sea necesario modificar la Constitución para establecer un régimen penitenciario más estricto.
RN defiende nuevas facultades para enfrentar al crimen organizado
Desde Renovación Nacional, en cambio, el jefe de bancada, Diego Schalper, respondió duramente a las críticas de Boric y cuestionó que el expresidente intervenga en el debate desde fuera del Congreso.
Schalper recordó la postura que Boric mantuvo durante los procesos constitucionales anteriores y sostuvo que, si el exmandatario pretende contribuir al debate, debería hacerlo mediante propuestas concretas y eventuales indicaciones al proyecto.
Respecto del estado de excepción, el diputado afirmó que RN ha planteado al Gobierno la necesidad de acotar su aplicación para que responda específicamente al objetivo de enfrentar territorios donde opera el crimen organizado.
Según Schalper, actualmente existen “enclaves territoriales” controlados por organizaciones criminales, situación que requeriría facultades extraordinarias para que el Estado pueda recuperar el control de esas zonas.
El parlamentario defendió así la posibilidad de entregar nuevas herramientas al Ejecutivo y sostuvo que el proyecto puede ser perfeccionado durante su discusión parlamentaria.
Debate por la reforma constitucional
Schalper también descartó que el Gobierno busque imponer el proyecto sin modificaciones. Recordó que la iniciativa no contempla una materia de iniciativa exclusiva y que los parlamentarios pueden presentar indicaciones durante su tramitación.
El debate, sin embargo, también abrió diferencias dentro de la propia oposición. Schalper llamó a los sectores opositores a definir una postura común frente a la agenda de seguridad y cuestionó la posibilidad de avanzar coordinadamente con sectores que mantienen posiciones contrarias a determinadas leyes relacionadas con la persecución del delito.
El diputado sostuvo que el país enfrenta un escenario en que el crimen organizado no solo comete delitos, sino que también busca controlar territorios y reclutar menores de edad.
Por ello, defendió la necesidad de que el Estado cuente con herramientas excepcionales para enfrentar estos fenómenos, aunque señaló que estas deben estar vinculadas a objetivos concretos.
De esta manera, la discusión sobre la seguridad y la reforma constitucional comienza a generar un nuevo eje de tensión política, con Boric y sectores del PPD cuestionando la vía constitucional, mientras RN defiende la necesidad de entregar mayores facultades al Ejecutivo para enfrentar al crimen organizado.
