En dos sesiones extraordinarias celebradas este lunes —de 10:00 a 14:00 horas y desde las 15:00 hasta su total despacho— el Senado analizó y resolvió la acusación constitucional presentada contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.
Con 44 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, la Cámara Alta aprobó el primer capítulo del libelo, lo que significó la destitución del magistrado y su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años.
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La acción fue impulsada por diputados oficialistas luego de que la Corte Suprema rechazara su remoción en el proceso disciplinario vinculado a sus contactos con Luis Hermosilla, exasesor del Ministerio del Interior e imputado en el caso Audio.
SENADO
Para que el Senado aprobara la acusación por “notable abandono de deberes”, respaldada previamente por la Cámara de Diputados, se requerían 26 votos favorables.
En la Suprema, Ulloa había mantenido su cargo debido a un empate en la votación, que impidió alcanzar la mayoría necesaria para sancionarlo. En esta nueva instancia, el cuórum volvió a ser tema de debate, sobre todo por la incertidumbre respecto de la asistencia de los senadores, considerando que el 16 de noviembre se renovarán 23 de los 50 escaños del Senado y varios parlamentarios buscan la reelección.
Durante la jornada, la sesión se interrumpió tras un incidente entre el diputado Daniel Manouchehri y los senadores Yasna Provoste y Fidel Espinoza.
DEFENSA
En defensa de Ulloa, el abogado Domingo Hernández calificó el proceso como un “juicio mediático” y recordó que la Corte Suprema ya había sancionado al juez. Explicó que la acusación tenía apenas 24 páginas, mientras que el máximo tribunal había revisado 412 páginas de antecedentes, y advirtió: “Es la primera vez que un caso sentenciado y juzgado por sentencia firme llega hasta el Senado”.
Por su parte, Ulloa negó ser parte de una red de corrupción y aclaró los cuestionamientos sobre su vínculo con Hermosilla:
“Jamás conversé con el señor Hermosilla respecto de una causa jurisdiccional administrativa, ya sea de la Corte de Copiapó o de la Corte de Santiago, en la cual él pudiera haber intervenido en la decisión que yo tomé”, afirmó.
ARGUMENTOS
En la segunda sesión del día, tras escuchar a los acusadores y a la defensa, los senadores entregaron sus fundamentos sobre los tres capítulos del libelo.
La senadora comunista Claudia Pascual votó a favor, enfatizando que Ulloa no fue absuelto en la Suprema:
“Hacer valer la responsabilidad constitucional por los graves hechos de corrupción falta a la probidad e incumplimiento de los deberes ministeriales es lo que estamos hoy día valorando, y no un doble juzgamiento por los mismos hechos porque son de sedes distintas”, señaló.
Desde la Democracia Cristiana, Yasna Provoste también apoyó la destitución: “El señor Ulloa traicionó la confianza pública, abandonó el deber de imparcialidad y participó en el tráfico de influencias. Sus actuaciones se alejan completamente de lo que corresponde a la magistratura y a los principios de independencia que le informan. No creo en sus explicaciones”, sostuvo.
ABANDONO DE DEBERES
En cambio, Luciano Cruz-Coke (Evópoli) manifestó dudas respecto del segundo capítulo, afirmando que no se acreditó de forma suficiente el notable abandono de deberes: “De los antecedentes expuestos, no me es posible concluir que existiera una relación directa y cercana entre el ministro y los abogados que patrocinaban las causas en las que no se habilitó”, explicó.
De todos modos, apoyó el libelo “por estimar que existe un manifiesto incumplimiento de los deberes constitucionales que rigen el ejercicio de la función judicial en los hechos descritos en los capítulos primero y tercero”.
El senador Pedro Araya (PPD) decidió inhabilitarse, argumentando: “Respecto a los capítulos primero y segundo, los hechos descritos constituyen infracciones de carácter administrativo cuyo conocimiento y sanción le corresponde a la Corte Suprema. Respecto al capítulo tercero, los hechos invocados en mi juicio no configuran esta infracción constitucional”.
También se inhabilitó Francisco Chahuán (RN), por tener vínculo familiar con una integrante del Poder Judicial.
UDI
Desde la UDI, el senador Gustavo Sanhueza pidió “darle el peso correspondiente que tiene una acusación de este tipo”, mientras que su par Javier Macaya advirtió sobre un “uso instrumental” del mecanismo: “La acusación constitucional no puede transformarse solamente en una herramienta para disputar hegemonía ideológica ni para ajustar cuentas”, señaló.
Por su parte, Rojo Edwards (Partido Libertad) dijo que al inicio planeaba votar a favor, pero cambió de opinión tras revisar los antecedentes: “Considero que la sanción es desproporcionada”, indicó.
FIN DE UNA CARRERA JUDICIAL DE 36 AÑOS
En abril de 2021, en plena pandemia, Antonio Ulloa asumió como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago para reemplazar a Leopoldo Llanos, promovido a la Suprema. Desde entonces integró la Cuarta Sala del tribunal de alzada.
Su carrera en el Poder Judicial comenzó en 1989 como oficial tercero del 4° Juzgado del Trabajo de Santiago, desempeñando luego diversos cargos: oficial segundo, oficial primero, secretario, relator, juez de garantía y magistrado del Tribunal Oral en lo Penal.
En noviembre de 2012 asumió como ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, tribunal que presidió en 2013 y 2017. Ulloa es abogado titulado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
