La sala del Senado aprobó, este miércoles, la acusación constitucional contra el juez Sergio Muñoz y lo destituyó como ministro de la Corte Suprema.
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El ahora exmagistrado seguirá el camino de la también exministra Ángela Vivanco, sobre quien todavía se debe revisar su acusación constitucional en la cámara alta, pero ya fue destituida por el pleno de la Corte Suprema la semana pasada.
La acusación constitucional tuvo el respaldo de toda la derecha y algunos independientes, lo que fue suficiente para destituir a Muñoz, pese al voto en contra de los senadores de izquierda.
LA VOTACIÓN
Por orden alfabético, las y los senadores argumentaron su voto por cada uno de los dos capítulo.
Se habrían asegurado los 25 votos necesarios para destituir al ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y prohibirle el ejercicio de cargos públicos durante cinco años.
Los senadores de Chile Vamos que se manifestaron a favor de al menos un capítulo de la acusación constitucional contra Muñoz son: Francisco Chahuán (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Luciano Cruz Coke (EVO), José Durana (UDI), Luz Ebensperger (UDI), Sergio Gahona (UDI), Rodrigo Galilea (RN), María José Gatica (RN), Felipe Kast (EVO), Sebastián Keitel (IND-EVO), Carlos Kuschel (RN), Iván Moreira (UDI) y Manuel José Ossandón (RN), Raphael Prohens (RN), Kenneth Pugh (RN), David Sandoval (UDI) y Gustavo Sanhueza (UDI). También, la senadora del Partido Republicano, Carmen Gloria Aravena; los representantes del Partido Social Cristiano, Rojo Edwards y Juan Castro; y el independiente Alejandro Kusanovic.
Por su parte, el presidente de la Corporación, José García Ruminot (RN), y el senador Javier Macaya (UDI), aunque no expusieron sus argumentos, estarían alineados con su sector.
El controversial permiso constitucional de la senadora Paulina Núñez (RN); además del apoyo del independiente Karim Bianchi y la senadora de Demócratas, Ximena Rincón, inclinó la balanza en perjuicio de Muñoz.
INCLINANDO LA BALANZA
Rincón (Demócrata), anunciando su voto a favor del libelo, dijo que «la imparcialidad es uno de los pilares fundamentales del poder judicial, y su resguardo debe ser absoluto.
Cuando un juez enfrenta una causa en la que exista algún vínculo personal, familiar o patrimonial, su deber es claro, debe apartarse de manera inmediata para evitar cualquier sospecha de conflicto de interés.
La falta de acción del ministro Muñoz abre la puerta a dudas, razonables, sobre la influencia que pudo haber tenido en las decisiones del caso. Incluso si no existió la interferencia directa, el hecho de no haberse abstenido pone en riesgo la confianza pública en el sistema de justicia».
EL PERMISO DE NÚÑEZ
En su argumentación, Bianchi manifestó que «la responsabilidad para actuar proactivamente en defensa del principio de probidad. Esto implica que al detectar irregularidades que comprometan el funcionamiento del sistema judicial, como las cometidas por su hija en calidad de jueza de la República, tiene un deber de denuncia» y manifestó su respaldo a la acusación.
El permiso de Núñez (RN) para un viaje a España fue cuestionado por el oficialismo, debido a que su ausencia redujo el quórum de 26 a 25 votos.
«VENGANZA DE LA OPOSICIÓN»
Juan Ignacio Latorre (FA) señaló que con esta acusación «se quiere castigar al juez por sus fallos»; asimismo, el senador Gastón Saavedra (PS) manifestó que «esto es un ajuste de cuenta por su trayectoria, mas que por una falta que amerite ser destituido y sancionado».
Mientras que el senador Francisco Huenchumilla (DC) advirtió que el trabajo de la Cámara de Diputados transgredió el «debido proceso» por unir las acusaciones contra Ángela Vivanco y Sergio Muñoz en un solo libelo y acusó que «estamos frente a un proceso viciado».
EL ACUSATORIO A MUÑOZ
A diferencia de las otras acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema, el libelo presentado por la oposición no está vinculada con el Caso Hermosilla, sino con una acusación anterior que se realizó públicamente contra el juez.
En diciembre de 2022 la inmobiliaria Fundamenta recusó al juez para que se inhabilitara en una demanda que presentaron vecinos contra un proyecto inmobiliario en el sector de Plaza Egaña. El motivo era que su hija había firmado un compromiso de compraventa de dos departamentos en el lugar.
Según la acusación de la inmobiliaria, Muñoz habría advertido a su hija del caso para que retirara su compromiso de compraventa. De todos modos, Muñoz se inhabilitó del caso y la audiencia se repitió.