«El daño generado al Estado de Chile por el masivo y millonario fraude al fisco por licencias médicas con viajes al exterior es brutal y afecta en un 70 por ciento a Fonasa y en un 30 por ciento a las isapres», aseveró el sendor Iván Flores (DC).
El parlamentario hizo un categótico «no a la impunidad» y explicó que el costo total de los permisos médicos «en Chile asciende a 3 mil millones de dólares».
A través de su cuentas en X (exTwitter), detalló que «la deuda hospitalaria es menos del 12 o 13 por ciento de esta cifra».
«O sea, si tuviéramos el 12 por ciento de lo que Chile gasta en licencias médicas, ya estaríamos con los hospitales con las finanzas limpias, estables, con los funcionarios que se necesitan, con el equipamiento que se necesita», acusó Iván Flores.
Lea también: Licencias médicas: Ñuñoa y La Florida también inician sumarios
El costo total de las licencias médicas en Chile asciende a 3 mil millones de dólares.
La deuda hospitalaria es menos del 12 o 13 por ciento de esta cifra. O sea, si tuviéramos el 12 por ciento de lo que Chile gasta en licencias médicas, ya estaríamos con los hospitales con las… pic.twitter.com/FUCtuTR2DB— Iván Flores García (@ifloressenador) May 24, 2025
«SE TIENEN QUE IR»
Antes, en Cooperativa, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, afirmó que en el mal uso de licencias médica que detectó Contraloría «hay 25 mil funcionarios que cometieron delito y se tienen que ir. No hay espacio para sumario ni investigaciones administrativa, porque no va a haber quién las haga».
Calificó el hecho como «el peor caso después de la colusión de los remedios, que le pegaron directamente a la gente más vulnerable. El peor caso de corrupción, pero no solo administrativa -que de suyo ya es una falta grave-, sino que estamos en presencia de un delito. Ha sido un portonazo a Chile».
«Hoy debería castigarse a aquellos funcionarios públicos que cometieron delitos», afirmó. Sin embargo, reparó en que «esto no se resuelve con una investigación administrativa».
«Es imposible hacer 25 mil sumarios. No hay gente suficiente para hacerlos. Lo que hay que hacer es aplicar la norma y punto. Quién cometió delito no puede estar en la administración pública», enfatizó.
