El senador por la región de Antofagasta, Esteban Velásquez (Federación Regionalista Verde Social, FRVS), ingresó un proyecto de ley que busca impedir la aplicación de salidas alternativas en delitos de alta connotación pública, particularmente aquellos vinculados a la corrupción, el crimen organizado y el fraude al fisco, cuando sean cometidos por altos funcionarios públicos.
La iniciativa propone modificar la Ley N°19.696 que establece el Código Procesal Penal y la Ley N°18.216, que actualmente permite a condenados acceder a penas sustitutivas como remisión condicional, reclusión parcial, libertad vigilada o libertad vigilada intensiva. Según el parlamentario, estas medidas, en casos de delitos graves contra la probidad y la administración del Estado, generan una “sensación de impunidad” y afectan la confianza ciudadana en las instituciones.
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Velásquez afirmó que las penas sustitutivas —como la remisión condicional, reclusión parcial, libertad vigilada o libertad vigilada intensiva— no deben aplicarse en casos de delitos de alta connotación pública, y menos aún cuando los cometen altos funcionarios públicos, porque solo generan desconfianza y una sensación de impunidad en la ciudadanía.
CIERRE DE VACÍOS LEGALES PARA DELITOS DE ALTA CONNOTACIÓN
El legislador, integrante de la Comisión de Gobierno del Senado, argumentó que la persecución y sanción de delitos como la corrupción o el fraude al fisco requiere cerrar vacíos legales que permiten a los condenados eludir el cumplimiento efectivo de penas privativas de libertad.
“En muchos casos, acceder a estas penas que evitan la cárcel efectiva está lejos del espíritu y la gravedad de estos delitos. Por elementos tecnocráticos se mal usa este tipo de salidas, debilitando la probidad pública y la confianza en el sistema de justicia”, agregó.
PENAS EFECTIVAS COMO GARANTÍA DE CONFIANZA CIUDADANA
La propuesta de Velásquez busca que los condenados por delitos contra la Administración del Estado y otros ilícitos de alta gravedad cumplan penas efectivas de cárcel, eliminando la posibilidad de sustitución. Según el senador, esta medida es clave para “proteger la convivencia democrática” y garantizar que la justicia se aplique sin privilegios para quienes ostentan cargos de poder.
