La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en su tercer trámite el proyecto que establece la figura jurídica de “Persona ausente por desaparición forzada” para víctimas detenidas desaparecidas (DD.DD.) de la dictadura, y qiedó listo pra transformarse en ley.
Según esta moción, el Estado de Chile admite la privación de libertad de la persona por agentes estatales o grupos autorizados por ellos, seguida de negación u ocultamiento de su paradero entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
La votación fue de 89 a favor, 28 en contra y 4 abstenciones.
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Con esto el texto pasa al Ejecutivo para su promulgación.
CÓMO FUNCIONA
La ley se alinea con el Plan Nacional de Búsqueda y proporciona reparación simbólica a las familias de DD.DD. Estas obtienen un certificado del Registro Civil de la inclusión en el Registro de personas ausentes por desaparición forzada.
Este será el organismo encargado de administrarlo e incorporará a personas listadas en informes específicos de comisiones sobre violaciones a los derechos humanos.
Entre las fuentes figuran el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, el de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y el de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
También se incluyen el Informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, así como otros informes de comisiones similares creados por ley.
La norma que reconoce a la «persona ausente por desaparición forzada» abarca sentencias judiciales de procesos penales o bajo la Ley 20.377 sobre declaración de ausencia por desaparición forzada.
En cada inscripción se detalla el nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento y edad aproximada de la persona al momento de su desaparición, además de la fecha de arresto, detención, secuestro o privación de libertad.
Durante el debate la diputada Nathalie Castillo aclaró que “esta calificación no modifica estados civiles ni conlleva beneficios económicos”.
Por su parte, María Candelaria Acevedo agregó que “responde a una demanda histórica que evitará la revictimización de sus familias al realizar trámites administrativos”.
Emilia Nuyado, en tanto, dijo que “es un acto de humanidad para las familias que por 50 años han cargado con el dolor de no poder cerrar un duelo”.
