Sergio Muñoz Gajardo, exministro de la Corte Suprema con 42 años de carrera en el Poder Judicial, ha presentado una denuncia contra el Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Muñoz fue destituido de su cargo por el Senado el 16 de octubre de 2024, tras la aprobación de una acusación constitucional impulsada por diputados de Chile Vamos, bajo el argumento de notable abandono de deberes.
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La denuncia ante la CIDH, interpuesta por un equipo legal que incluye a los abogados Ciro Colombara y Antonia Urrejola (expresidenta de la CIDH y excanciller), argumenta que el proceso que culminó con su remoción estuvo “viciado”. Muñoz alega que no tuvo “el derecho a ser oído (…) sin injerencias arbitrarias, con pruebas fehacientes y verídicas”, buscando que se restituya su honra, informa El País Chile.
El libelo ante el organismo internacional enfatiza que su caso puso en grave riesgo la independencia judicial en Chile. Según el texto de la denuncia, resulta “evidente que la acusación, el proceso y la posterior destitución del juez señor Muñoz tuvieron entre sus propósitos vulnerar el principio de independencia judicial”. Se señala que hubo “una revancha política respecto de los fallos que emite la Corte Suprema” y una “injerencia indebida a la labor de jueces y juezas”.
La denuncia critica que se haya utilizado una interpretación “vaga y amplia sobre la definición del notable abandono de deberes” que no se ajusta a los lineamientos de protección internacional de derechos humanos. Además, acusa que “ciertos grupos económicos generaron la instancia necesaria para impulsar un juicio político a modo de venganza, por sus decisiones”, y que el Estado de Chile no garantizó su independencia judicial.
Sergio Muñoz fue acusado en el Congreso por dos hechos ocurridos en 2022, relacionados con su hija, también jueza: anticipar un fallo sobre una causa en la que ella tenía interés patrimonial y no declarar su inhabilidad, y omitir denunciar la falta disciplinaria de su hija al dirigir audiencias desde Italia. Muñoz negó estas imputaciones durante su defensa en el Congreso, y la denuncia ante la CIDH sostiene que ya había respondido por estos hechos ante otras instancias judiciales chilenas.
ACUSACIÓN A VIVANCO
La acusación constitucional contra Muñoz fue impulsada conjuntamente con la de la exministra Ángela Vivanco, protagonista del “Caso Audios”, aunque Muñoz no estaba involucrado en esa causa particular y se le imputaron hechos distintos a los de Vivanco.
La denuncia a la CIDH considera “sorprendente” que fuera incluido en el mismo texto de acusación promovido por RN, UDI y Evópoli, lo que implicó que ambos enfrentaran un desenlace conjunto. Esto, según la presentación, evidencia un “ánimo de venganza y de ajuste de cuentas” respecto de “la forma de resolución de casos de alto interés público que había fallado el juez Muñoz a lo largo de su carrera judicial”, muchos de ellos considerados progresistas y que causaron dolores de cabeza a empresarios y gobiernos (como sus fallos ambientales, de salud o el de las Isapres).
