El Servicio Electoral (Servel) anunció este martes la apertura de un procedimiento sancionatorio contra el Partido Republicano, luego de acoger una denuncia del Frente Amplio que acusa al partido de infringir la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos (LOC).
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La acusación surge tras la difusión de un video conmemorativo del 11 de septiembre, realizado por las Juventudes Republicanas, que muestra a militantes aparentemente celebrando el golpe de Estado de 1973.
ACUSACIONES LEGALES
La denuncia fue presentada por las diputadas Lorena Fries y Claudia Mix, junto al secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble.
En ella se argumenta que el video vulnera los artículos 1, 60 y 61 de la Ley N.º 18.603, los cuales exigen que los partidos políticos promuevan la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Tras analizar los antecedentes, el Servel calificó la acusación como “plausible y con mérito suficiente” para iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio.
Este procedimiento busca establecer si el Partido Republicano infringió la normativa y, de confirmarse, aplicar las sanciones correspondientes.
DECLARACIONES DEL FRENTE AMPLIO
El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, valoró la decisión del Servel, destacando su importancia para proteger la democracia en el país.
“Esta resolución va en la línea correcta. La ley exige que los partidos políticos refuercen la democracia y promuevan los derechos humanos, algo que este video contradice al celebrar la dictadura de Pinochet”, declaró Couble.
La diputada Lorena Fries también subrayó la relevancia de la medida. “Avalar el golpe de Estado o las violaciones de derechos humanos no es parte de un sistema democrático. Esto es un triunfo para la democracia y sus principios fundamentales”.
PRÓXIMOS PASOS
El procedimiento sancionatorio determinará si el Partido Republicano efectivamente infringió las disposiciones legales y, de ser así, qué medidas serán aplicadas.
La decisión podría sentar un precedente significativo sobre los límites de la expresión política y el cumplimiento de la LOC por parte de los partidos.
El caso ha generado amplio debate en el ámbito político, evidenciando las tensiones entre las interpretaciones históricas y las obligaciones legales en un contexto democrático.
