El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, enfrenta nuevos cuestionamientos tras el rechazo parcial de la rendición de gastos de su campaña para la reelección, correspondiente al periodo entre agosto y noviembre de 2024.
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La polémica se suma a la investigación penal en curso por presunto fraude al fisco, iniciada tras un informe de Contraloría que detectó irregularidades en el uso de fondos públicos, entre ellos pagos por servicios de coaching que habrían tenido fines electorales.
REEMBOLSOS DEL SERVEL
Según reveló Ciper, el Servicio Electoral (Servel) aprobó más de $1.000 millones en reembolsos, pero observó uno de los ítems clave: los honorarios del administrador electoral, José Andrés Wallis. Orrego solicitó el reembolso de $20,6 millones por este concepto, pese a que la normativa establece un máximo de $13 millones.
Wallis —exsubsecretario de Transportes en el gobierno de Eduardo Frei— recibió pagos mensuales brutos que llegaron a $5,8 millones, excediendo ampliamente el tope permitido de $3,2 millones. Además, contrató apoyo externo para labores contables, lo que fue objetado por Servel al considerar esas tareas como indelegables.
El caso recuerda el escándalo que involucró a Karina Oliva en 2021, también por pagos elevados a asesores durante su campaña al Gobierno Regional.
Pero hay más. Servel detectó que 13 personas que participaron en la campaña de Orrego tenían vínculos contractuales con el Gobierno Regional (GORE) al mismo tiempo. Cinco de ellas emitieron boletas por servicios de campaña mientras seguían trabajando para la gobernación, sin documentación suficiente que respaldara que esos servicios se prestaron realmente. En algunos casos, incluso, las funciones estaban duplicadas.
Los pagos a ese grupo de funcionarios alcanzaron los $44,2 millones.
RESPUESTA DEL EQUIPO DE CAMPAÑA
Desde el entorno de Orrego defendieron la legalidad de los pagos. Afirmaron que quienes trabajaron en la campaña lo hicieron con permisos gestionados o fuera de su horario laboral, y que otros renunciaron a sus cargos para sumarse al equipo.
En cuanto a los honorarios de Wallis, aseguraron que fueron debidamente respaldados, tanto en montos como en resultados entregados. Además, alegan que el tope establecido por Servel no fue comunicado oficialmente a la administración. La observación, según indicaron, ya fue apelada ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que acogió la solicitud a tramitación el pasado 11 de junio.
