El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella contra el diputado Joaquín Lavín León por presuntos delitos tributarios, acusando un perjuicio fiscal estimado en $10 millones.
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La acción judicial, ingresada al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se centra en trabajos gráficos realizados por imprentas durante su campaña parlamentaria, cuyos pagos habrían sido cubiertos con recursos de la Corporación Administrativa de la Cámara de Diputados o mediante devoluciones del Servel.
Según el escrito, 34 facturas emitidas por el empresario Juan Silva Morales, dueño de MMG y Total Print, habrían sido utilizadas para justificar gastos ante el Congreso, permitiendo acceder a fondos públicos “en forma fraudulenta o improcedente”.
El SII también apunta a Felipe Vásquez Diéguez, ingeniero informático vinculado a la plataforma de marketing político “SocialTazk”, y a Arnoldo Domínguez Vallejos, asesor del parlamentario señalado como nexo clave en la operación.
La querella busca que se investigue la eventual participación del diputado y sus cercanos en la emisión y uso de documentos tributarios presuntamente falsos.
