Simpertigue juega la carta de la nulidad en Acusación Constitucional en una caso que tensiona además a la Corte Suprema.
El ministro suspendido de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, activó una ofensiva jurídica para intentar frenar la acusación constitucional en su contra. Su defensa solicitó formalmente la nulidad del trabajo de la comisión de diputados que aprobó el libelo, alegando vicios graves e irregularidades en el procedimiento.
La estrategia apunta a invalidar el informe que debe ser votado en la Sala de la Cámara y, eventualmente, en el Senado. El fondo del caso, sin embargo, sigue intacto: un eventual entramado de corrupción que involucra decisiones judiciales, millonarios recursos fiscales y vínculos impropios en la cúpula del Poder Judicial.
La tesis de la defensa
La presentación, de nueve páginas, fue enviada la noche del jueves por el abogado Felipe Lizama a las secretarías de la Cámara. En ella, la defensa acusa que la comisión revisora —presidida por la diputada Maite Orsini (FA)— incurrió en vicios insubsanables al votar sin haber conocido toda la prueba de descargo presentada oportunamente.
Según el escrito, por primera vez desde la creación de la acusación constitucional, la presidencia de una comisión dejó sin efecto una votación ya realizada, atribuyendo el error al secretario de la instancia. Para la defensa, esa decisión evidenciaría una falta de imparcialidad y un quiebre del debido proceso.
El abogado sostiene que responsabilizar al secretario implicó “cortar el hilo por lo más fino” y eludir la responsabilidad política de los propios diputados.
“Vía de hecho” y presunta indefensión
La defensa va más allá y califica el actuar de la comisión como una “vía de hecho”, figura doctrinaria que se configura cuando un órgano del Estado actúa sin competencia o fuera del procedimiento legal. A su juicio, ello habilitaría incluso un control jurisdiccional posterior.
También acusa que la comisión resolvió dos veces lo mismo, con los mismos integrantes, comprometiendo —según su tesis— la imparcialidad objetiva y la presunción de inocencia del magistrado.
En ese contexto, solicitó la nulidad total de lo obrado o, en su defecto, la designación de una nueva comisión, excluyendo a quienes ya participaron. Además, pidió reabrir la fase probatoria y permitir la declaración de testigos de descargo que fueron desestimados por razones de tiempo.
El punto crítico
La defensa plantea una discusión formal. El problema es que la comisión corrigió el error detectado, anuló la votación inicial y volvió a pronunciarse incorporando los antecedentes omitidos. El resultado no cambió: la acusación fue aprobada.
Desde una mirada institucional, el debate no gira solo en torno a un procedimiento, sino al estándar ético exigible a un ministro de la Corte Suprema involucrado en un caso de alto impacto público.
La ofensiva de Simpertigue busca ganar tiempo y desplazar el foco. Pero en un “supremo caso” de eventual corrupción, las maniobras dilatorias no despejan el fondo del problema. Lo dejan aún más expuesto.
