Hasta la superintendencia de Electricidad y Combustibles llegó el diputado Raúl Soto para denunciar y solicitar una fiscalización urgente a la empresa CGE por alzas en las cuentas de la luz de miles de familias de la región de O’Higgins.
El legislador por la zona aseguró que ha recibido un gran número de denuncias de ciudadanos que reportan incrementos de hasta más de $100 mil adicionales en sus cobros habituales, constatando que si bien se esperaba un reajuste tarifario nacional en 2025, los montos facturados superan con creces lo establecido por ese ajuste.
«Numerosos clientes reportan aumentos abruptos, desproporcionados e injustificados en sus boletas, los que llegan al doble o incluso triple de sus consumos promedios históricos, una situación que es claramente irracional e irregular,» afirmó el parlamentario.
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Por ello se reunió esta mañana con el superintendente de Electricidad y Combustibles de la región de O’Higgins, Felipe Lerzundi, a quien ofició para que realice una exhaustiva pero urgente fiscalización a los procesos de facturación y medición de consumo de la empresa. La ide es verificar si las alzas se basan en consumos reales o si corresponden a errores o prácticas indebidas.
Además, el legislador solicitó aplicar sanciones ejemplares y transparentar las conclusiones de la fiscalización para restaurar la confianza en el control estatal sobre el mercado eléctrico.
El diputado Soto recordó que en agosto de 2024 CGE fue protagonista de cortes masivos que dejaron a más de 881 mil clientes sin suministro eléctrico en varias regiones, lo que provocó pérdidas económicas y un grave daño social.
Como resultado, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) interpuso una demanda colectiva que aún está en curso.
«Ahora, en lugar de enmendar sus prácticas y recuperar la confianza de los consumidores, la empresa aplica cobros que, por su magnitud y falta de explicación, tienen todas las características de un abuso empresarial sistemático», reprochó.
