«Hoy la Constitución establece que son cinco días y se está pensando hasta en 180 días para poder agilizar los procesos de expulsión del país, tal como ocurre en otros países», dijo el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, respecto de una reforma constitucional que presentará el gobierno «para subir sustancialmente el tiempo en que puede mantener detenida a una persona sin una orden judicial» en el caso de migrantes ilegales.
A su juicio, es una forma eficiente y disuasiva para abordar el ingreso irregular al país.
Aseguró que la iniciativa responde a «lo que dijimos en campaña», reconoció que habrá oposición, que «dirán que afecta derechos» y citó a países que «han tenido la madurez para no actuar en base al buenismo que, por definición, carece de sustento técnico e incluso ético».
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«Si hoy se detiene a una persona en la frontera que está tratando de ingresar ilegalmente, se le lleva a la PDI, le toma los datos, se le pide un correo electrónico para futuras notificaciones y entra en un proceso de expulsión administrativa. Como no se le puede retener más allá de cinco días, queda libre y esta persona se esfuma, porque el único contacto que hay con él es el correo electrónico que dio. Entonces, esa persona pasó a ser un clandestino», describió en entrevista con La Segunda.
Añadió que «también se podría aplicar a inmigrantes ilegales que, ya dentro del país, cometan algún delito o que en el contexto de un control de identidad, se sorprendan indocumentados».
MÓDULOS ESPECIALES
Para ello, sostuvo el timonel republicano, se podrían habilitar módulos especiales, como los “Centros de Permanencia para la Repatriación” de Italia o los “Centros de internamiento de extranjeros” de España.
«En Chile se podrían habilitar módulos separados totalmente de la población penal e incluso de quienes están bajo prisión preventiva. Idealmente se podría contar con infraestructura especial para estos fines, ubicadas en las zonas del país donde sea mayor el flujo, probablemente en la zona norte», detalló.
Squella aclaró que sería en un régimen para los ilegales distinto al de una cárcel, «partiendo porque tienen la libertad de salir en cualquier momento si deciden voluntariamente abandonar el país. Desde mi perspectiva, más allá de garantizar el respeto a la dignidad de las personas, esperaría que sea una regla infranqueable que no se mezclen con personas que estén cumpliendo condenas judiciales o que se encuentren detenidos por razones de otra naturaleza».
En ese sentido, el senador dijo que «esperaría que se pueda dejar proyectada la construcción de recintos que en su conjunto den espacio para cien mil internos en régimen cerrado y obviamente sin hacinamiento. Es caro y complejo y ojalá no llegue a ser necesario, pero lo que no puede ocurrir es que la falta de plazas sea un factor que, se reconozca o no, algunos jueces tengan a la vista a la hora de impartir justicia».
