A un mes de gestión, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, marcó el tono del Gobierno al situar la migración en el centro de la estrategia de orden público. Más que un balance administrativo, su intervención en Puente Alto reflejó una apuesta política: vincular la recuperación de espacios con la necesidad de identificar y controlar a quienes habitan el país.
En esa línea, la autoridad enfatizó que el Estado debe “saber quién está en nuestra casa”, reforzando la idea de que el control migratorio forma parte de la agenda de seguridad. El mensaje apunta a consolidar una narrativa de presencia estatal en el territorio, apoyada en el trabajo coordinado con Carabineros y la PDI.
UN FENÓMENO RELEVANTE: LA MAGNITUD DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR
Las cifras oficiales respaldan parcialmente este enfoque. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio Nacional de Migraciones, en Chile residían 1.918.583 personas extranjeras al cierre de 2023, de las cuales 336.984 estaban en situación irregular, equivalente al 17,6% del total.
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Este volumen confirma que la irregularidad no es un fenómeno marginal, sino un desafío estructural para el Estado. En ese contexto, el énfasis del Gobierno en mejorar la identificación de la población migrante encuentra sustento en la evidencia disponible.
IDENTIFICACIÓN Y EXPULSIONES: AVANCES CON LÍMITES
El Ejecutivo ha impulsado medidas concretas en esta línea. El proceso de empadronamiento biométrico permitió registrar a 182.119 personas, mientras que más de 226 mil se inscribieron en la plataforma habilitada para este fin.
En paralelo, las expulsiones administrativas aumentaron: en 2024 se concretaron 662, la cifra más alta en seis años. Sin embargo, el propio Gobierno reconoce que existen cerca de 30 mil decretos de expulsión pendientes, lo que evidencia una brecha entre la capacidad operativa y el volumen acumulado de casos.
Así, aunque hay avances, estos aún resultan insuficientes para resolver completamente el problema.
FLUJOS A LA BAJA: EL DATO QUE MATIZA EL DIAGNÓSTICO
El punto más relevante que complejiza el discurso oficial es la evolución reciente de los ingresos irregulares. De acuerdo con cifras de la PDI, en 2024 se registraron 29.269 ingresos irregulares detectados, lo que representa una caída del 48% respecto de 2021, cuando se alcanzaron 56.586 casos.
Esto indica que, si bien el stock de migración irregular sigue siendo alto, el flujo ha disminuido desde su momento más crítico. Por lo tanto, no hay evidencia clara de un aumento reciente que justifique, por sí solo, una intensificación del problema en términos de tendencia.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se refirió al trabajo en materia de migración durante este primer mes del Gobierno, señalando que "tenemos que seguir trabajando en terreno, y saber quién está en nuestra casa (…) Tenemos que ordenar el país".#InformaciónEsencial… pic.twitter.com/vG9ed0HMr5
— Tele13 Radio (@Tele13_Radio) April 11, 2026
