Según el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, cuando el actual oficialismo pase a ser oposición, a partir del 11 de marzo, la idea es “no ser una oposición como la que vimos nosotros”.
A su juicio, «una oposición debe basarse en evidencia» y «siempre basado en la verdad”. Añadió que no corresponde actuar desde la revancha y que “no porque te hayan tratado como te han tratado» se dará que «vamos a tener que tomar el mismo camino».
En radio Pauta, defendió el legado del Gobierno y atribuyó su derrota en las pasadas elecciones a un “ciclo de alternancias” y a un “voto de castigo”.
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Además, sostuvo, a ello sumó el impacto del voto obligatorio y lo que definió como un clima adverso durante la campaña: “Vivimos una campaña permanente de mentiras sobre lo que estaba ocurriendo en el país, de un Chile que se caía a pedazos. Eso es absolutamente mentira”.
Frente a la próxima administración, Ramos pidió que como oposición el progresismo ejerza una fiscalización “basada en evidencia” y “siempre basada en la verdad”.
Ramos reconoció que «todos los cambios de mando tienen sus propias características» y que «siempre hay fricciones», pero aseguró que el clima con el equipo entrante ha sido republicano, pese a las diferencias políticas.
DEFENSA DEL LEGADO
El subsecretario defendió los avances económicos y sociales del gobierno. Entre ellos destacó el aumento del sueldo mínimo, la reducción de la inflación y los acuerdos en pensiones que permitieron mejorar ingresos a más de un millón de personas.
Frente a la derrota oficialista, sostuvo que responde a un fenómeno estructural: “Venimos de un ciclo de alternancias en el poder en Chile que ya es una constante”.
A la hora de los balances la autoridad admitió también que en materia de seguridad, en un inicio al Gobierno le faltó mayor celeridad para enfrentar la crisis, aunque subrayó que posteriormente se fortalecieron las capacidades policiales y el presupuesto del sector.
Sobre La Araucanía, planteó que era inviable resolver un conflicto histórico en cuatro años y defendió la decisión de dejar instalada una “ruta de Estado” con inversión pública, diálogo político y propuestas legislativas.
