Ayer la Tercera Sala de la Corte Suprema emitió una sentencia en que confirma una resolución de la Corte de Apelaciones de Talca y visó un dictámen de la contralora Dorothy Pérez según el cual la Contraloría General de la República debe abstenerse de pronunciarse sobre casos relacionados con la confianza legítima, debido a que se trata de materias que deben ser resueltas por los tribunales de justicia y no por el ente fiscalizador.
El dictamen N° E561358 se emitió en noviembre del año pasado y desató la furia de las asociaciones de funcionarios públicos.
Este deshace parte del legado en materia laboral del excontralor Jorge Bermúdez.
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Durante su administración se estableció que si a un funcionario público se le renovaba la contrata por más de dos años, esa persona contaría con la confianza legítima de que se seguiría renovando. Esto sobre la base de que si el Estado ha actuado de determinada forma, lo seguirá haciendo en el futuro.
OTRA MIRADA
Con el dictamen de Pérez, la Contraloría ya no se pronunciaría más y dejaría todo en manos del Poder Judicial.
De acuerdo con fallos del máximo tribunal, esta expectativa de continuidad laboral se da después de que un funcionario público ha renovado cuatro veces su contrata.
El recurso que falló la Corte Suprema lo presentó Ignacio Tarud Miquel, funcionario a contrata del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Este alegó que su renovación de contrato para 2024 fue en condiciones desfavorables respecto a años anteriores, rebajándosele injustificadamente su grado.
Según su argumentación, esta decisión vulneraba sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley y a la propiedad, debido a la afectación económica que implicaba y a la confianza legítima que se había generado por su renovación sostenida en el mismo cargo y grado desde 2021.
En la actualidad son nueve los recursos de protección presentados, por parte de funcionarios públicos en contra del dictamen N° E561358 que están pendientes de fallo.
