La Corte Suprema revisa hoy, lunes 3 de noviembre, el desafuero del diputado UDI Sergio Bobadilla, acusado de injurias graves con publicidad contra la periodista Josefa Barraza. El parlamentario recurrió al máximo tribunal luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera la solicitud de desafuero presentada por la afectada.
Injurias graves
El caso se originó tras la difusión en redes sociales de mensajes falsos y ofensivos por parte del legislador, quien aseguró que Barraza mantenía contratos con la Municipalidad de Recoleta y la vinculó al líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, mediante un supuesto chat manipulado. La Corte de Apelaciones acreditó que dichas afirmaciones eran falsas y configuraban un ataque a la honra de la periodista, afectando su imagen pública y profesional.
De confirmarse el desafuero, Bobadilla perderá su inmunidad parlamentaria y podrá ser formalmente imputado ante los tribunales de justicia. La medida, aunque excepcional, está contemplada en la Constitución chilena para garantizar que los legisladores respondan penalmente cuando existen antecedentes serios de delito.
La situación ha generado reacciones encontradas en el mundo político. Desde sectores de oposición, se ha cuestionado el uso de redes sociales por parte de figuras públicas para difundir información sin verificar, mientras que desde la UDI algunos dirigentes han manifestado que esperan “un debido proceso” y que el diputado “pueda aclarar su actuar”.
La «bancada» desaforada
El caso de Bobadilla se suma al de otros parlamentarios recientemente desaforados, como Miguel Ángel Calisto, Catalina Pérez, Mauricio Ojeda, Francisco Pulgar y Joaquín Lavín León, lo que vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de los representantes públicos.
Expertos en derecho penal y comunicación han destacado que este tipo de hechos pone en tensión la delgada línea entre la crítica legítima y la injuria, especialmente cuando proviene de un funcionario electo. En palabras de un abogado consultado, “el fuero parlamentario protege la función, no el abuso del lenguaje ni la desinformación”.
La resolución de la Corte Suprema será determinante no solo para el futuro judicial del diputado, sino también como precedente sobre el uso ético de las redes sociales en la política chilena.
