Por estrecho margen, el Tribunal Constitucional rechazó revisar el recurso impulsado por 42 diputados oficialistas. La polémica Ley de Permisología de Nicolás Grau avanza sin contrapesos institucionales.
Lea También: Presidente del Senado: «La permisología ha ahogado la inversión»
En una decisión que podría marcar un precedente para la relación entre desarrollo productivo y estándares ambientales, el Tribunal Constitucional resolvió este martes no acoger a tramitación el requerimiento presentado por 42 diputados oficialistas, quienes buscaban frenar —por la vía constitucional— parte del proyecto de ley que establece una nueva Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, más conocida como “Ley de Permisología”.
El recurso apuntaba a una supuesta vulneración de principios constitucionales y alertaba sobre un potencial debilitamiento de las herramientas de protección ambiental. Sin embargo, por una ajustada votación de 5 contra 4, el TC optó por no abrir la causa. La mayoría del pleno desestimó el requerimiento por motivos de forma, zanjando que no procedía su admisión a trámite. En los hechos, esto entrega vía libre al Gobierno para continuar con la implementación de uno de los proyectos más emblemáticos del ministro de Economía, Nicolás Grau.
LA IMPUGNACIÓN
Los artículos impugnados —el 7 letra a), 9, 10, 76 y 104— habían sido aprobados en el Congreso a comienzos de julio en medio de fuertes tensiones entre el Ejecutivo y sectores oficialistas críticos, principalmente desde el Partido Comunista, el Partido Socialista y Acción Humanista. Entre los firmantes del requerimiento estaban figuras como Carmen Hertz (PC), Karol Cariola (PC), Ana María Gazmuri (AH), Daniella Cicardini (PS) y Daniel Manoucheri (PS).
Desde el Tribunal, quienes votaron en contra de acoger el requerimiento fueron los ministros María Pía Silva, Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera, Héctor Mery y Marcela Peredo. En minoría quedó la presidenta del organismo, Daniela Marzi, junto a las ministras Nancy Yáñez, Catalina Lagos y Alejandra Precht, quienes consideraban que el recurso sí debía analizarse en el fondo.
El trasfondo político del fallo es más profundo que la aritmética de votos. Para La Moneda, se trata de un respaldo implícito a la visión del ministro Grau, quien ha defendido la necesidad de reformar el actual sistema de permisos como una condición estructural para la inversión y el crecimiento. Sus detractores, en cambio, han advertido que esta ley podría facilitar proyectos sin el suficiente rigor técnico y ambiental, abriendo la puerta a conflictos socioambientales más frecuentes.
UNA FRACRURA OFICIALISTA
El episodio revela, además, las tensiones internas en el oficialismo frente a los equilibrios entre desarrollo económico, instituciones técnicas y protección ambiental. El Ejecutivo logró que su propuesta pasara el Congreso, pero al costo de enfrentar resistencias desde su propia coalición, especialmente en sectores que esperaban una señal más clara en favor de la “transición ecológica” que el mismo gobierno promueve en otros frentes.
Para la oposición y el mundo empresarial, en tanto, la decisión del TC fue interpretada como una señal positiva. La llamada “permisología” ha sido durante años una de las críticas recurrentes de los gremios industriales, que reclaman demoras excesivas, duplicación de trámites y barreras burocráticas que dificultan nuevas inversiones.
En este nuevo escenario, todo indica que la Ley de Permisología seguirá avanzando sin obstáculos judiciales. La duda que queda es si la promesa de agilizar procesos podrá materializarse sin tensionar aún más los equilibrios entre crecimiento y sostenibilidad ambiental. O si el oficialismo logrará recomponer puentes internos para no terminar pagando costos políticos por su propia reforma.
