El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible el requerimiento presentado por el senador Miguel Ángel Calisto relacionado con la investigación por presunto fraude al Fisco que lleva adelante en su contra la Fiscalía de Aysén.
Esta apunta a presuntos pagos simulados a su exasesora Carla Graf por trabajos que, según el órgano persecutor, nunca realizó. Pagos que posteriormente habrían regresado al parlamentario.
Este recurrió al TC alegando que la aplicación de ciertas normas afectaba su derecho a defensa y el debido proceso. Mientras se resolvia la admisibilidad, la causa penal se mantuvo suspendida.
Lea también: ¿Ahora sí? Se cierra investigación en contra de Manuel Monsalve
El fallo fue dividido, pero, según La Tercera, la mayoría del TC sostuvo que “el conflicto sometido al conocimiento de esta Magistratura no es, en su núcleo esencial, uno de constitucionalidad concreta del precepto, sino una controversia sobre la interpretación y aplicación del artículo 257 del Código Procesal Penal”.
Recordemos que el caso ya había llegado a una acusación, con una solicitud de más de 12 años de cárcel y el desafuero de Calisto. Sin embargo, la causa fue reabierta para realizar diligencias solicitadas por las defensas.
ALLANAMIENTO EN EL CONGRESO
En paralelo a la determinacion del TC, el nombre de Calisto apareció ligado a otra causa penal: la investigación por irregularidades en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).
En ese contexto, la primera determinación que tomó su abogado, Nelson Salas, tras el allanamiento en el Congreso a la oficina del senador, fue presentar un escrito ante el tribunal para que se les entregue copia de la solicitud que formuló la fiscal Constanza Encina y que derivó en la orden de entrada, registro e incautación de diversas especies de su representado.
A su juicio, la diligencia afectaría derechos fundamentales del parlamentario y, para ejercer de manera adecuada la defensa, requieren que se les entregue la copia de la petición de la persecutora.
De acuerdo con el medio citado, el abogado además pedirá que se fije audiencia de cautela de garantías para que se acote la revisión de los aparatos tecnológicos que le fueron incautados y sólo se revise y extraiga la posible información que pudiera estar ahí relativa a los hechos materia de investigación.
Eso, porque por su calidad de parlamentario, en esos aparatos podría haber información sensible que debe mantenerse bajo reserva.
«EL PRINCIPAL INTERESADO»
Ayer, varias horas después de los allanamientos, Calisto entregó un comunicado donde aseguró que “soy el principal interesado en que esta situación se esclarezca plenamente y a la mayor brevedad posible”.
Recalcó que desconoce los pormenores de la diligencia judicial que derivó en el allanamiento de su oficina en la Cámara Alta, pero que «frente a la solicitud, entregamos de manera voluntaria e inmediata nuestro equipo telefónico y el acceso a las cuentas corrientes porque no tengo nada que ocultar»
El senador recordó que «durante años hemos ejercido acciones de fiscalización a la Junaeb justamente para mejorar sus procedimientos y evitar la concentración, mejorar servicio y beneficios a los estudiantes.
Recordemos que en este proceso aparecen involucradsosa también exdirectivos de Junaeb, el senador Sergio Gahona (UDI), el exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) y el abogado Darío Calderón.
La fiscal Encina indaga delitos de fraude al Fisco, fraude informático, delitos contra la salud pública, falsificación de instrumento privado, cohecho y lavado de activos, todos vinculados a actividades desarrolladas por la empresa Soser. Habrían existido irregularidades en la entrega de alimentación en establecimientos educacionales en la región de O’Higgins y entre las falencias detectadas estaría la sobre declaración de raciones, falsificación de certificados de raciones para aumentar los pagos, distribución de comida contaminada y la incorporación de información falsa a los sistemas de la Junaeb.
