En un país muy, muy lejano la justicia se imponía cuando los delincuentes entraban en las cárceles, la policía tenía que salir de sus cuarteles para encontrar a los infractores de la ley y los campamentos eran sinónimo de personas sin casa que buscaban una solución habitacional, no de refugio de bandas. Ese país es un Chile que hace mucho tiempo dejó de existir.
La experiencia vivida en Venezuela nos puede servir de referencia. En ese país existen 53 penales, de los cuales 8 están en manos del crimen organizado y allí se concentra la mitad de la población penal.
Esos lugares están controlados por las bandas, son pequeñas ciudadelas con comodidades insospechadas. Desde allí se dirigen las operaciones criminales en 9 naciones. Los líderes mafiosos actúan protegidos, en los mismos lugares donde, se supone, se les privó de libertad para sacarlos de circulación.
Aquí hemos tenido el caso de un fiscal que, sin la menor inocencia, había autorizado las llamadas de celular desde la cárcel para este tipo de personas. Era lo mismo que ubicar, con autorización, una casa matriz del crimen con permiso del Estado en una de sus instalaciones.
Al crimen organizado hoy le importa mucho más el control territorial que la exhibición de riqueza. Se trata de establecer el dominio exclusivo sobre barrios, campamentos y sectores. Donde están no hay ley, existe su voluntad.
La delincuencia se ha modernizado como pocas instituciones, y cuentan con una estructura de mando estable y legitimada que permite su continua expansión. Muestran tanto profesionalismo como falta de escrúpulos.
Tema de interés: El futuro de Chile requiere enfrentar la polarización
Importa saber si el gobierno y las policías están en condiciones de controlar semejante desafío. Las policías no pueden enfrentar a la delincuencia jerarquizada con mandos cuestionados que practican lo que debieran combatir o están concentradas en responder a faltas graves cometidas en el pasado.
El gobierno tiene, entonces, que intervenir. Para saber cómo hacerlo debiéramos responder a una pregunta simple: ¿a medida que transcurre el tiempo, el gobierno va ganando o perdiendo capacidad de maniobra?
Si los grados de libertad se van reduciendo, es la habilidad política y la buena coordinación la que tiene que aumentar. Aquí se ha cometido una falta grave.
La seguridad es, al mismo tiempo, la mayor angustia ciudadana y un área donde el gobierno ha realizado su gestión más responsable y eficiente. Ahora falló la coordinación fina de sus principales autoridades en el asunto más delicado.
Es obvio que tener bajo la lupa de la justicia al mando de Carabineros y de la PDI no era sostenible. Sergio Muñoz tuvo que salir de Investigaciones y la formalización del general Yáñez en mayo está demasiado lejos.
Es efectiva la conveniencia que el director de Carabineros salga antes por propia voluntad. Que se llegue a esa conclusión, incluyendo al implicado, es la gestión más fina y reservada. En cambio, se produjo la intervención más torpe.
El ministro de Justicia sabe mucho de justicia y poco de comunicaciones y no es un político. Le gusta mostrar que sabe y de esto no sabe. Le falta humildad y aceptar consejos. No sirve tener dos voceros y medio ministro de Justicia.
