Tensión por reforma electoral: debate sobre financiamiento político
Aunque el gobierno ha superado una barrera legislativa al avanzar con la reforma electoral que amplía a dos días las próximas elecciones municipales y regionales, se presenta una serie de medidas electorales adicionales que podrían complicar la discusión en la Cámara de Diputados.
En la mañana de este miércoles, la Comisión de Gobierno Interior, presidida por el diputado Rubén Oyarzo (independiente), aprobó en términos generales el proyecto, pero aplazó la votación de los detalles específicos hasta el próximo martes, donde podrían surgir los puntos de conflicto principales.
Aunque existe un consenso mayoritario entre los diputados, algunos lo aceptan a regañadientes, sobre la inevitabilidad de extender las elecciones a dos días debido a las advertencias del Servicio Electoral (Servel) sobre el riesgo de colapso en los centros de votación debido al gran flujo de votantes, la tensión se centra ahora en las cuestiones de financiamiento político.
OFICIALISMO
En el Senado, la mayoría de los representantes del oficialismo, incluyendo a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y su homólogo del PPD, Jaime Quintana, votaron en contra de la propuesta gubernamental de reducir el gasto público en las próximas elecciones mediante el reembolso por voto recibido.
Con la implementación del voto obligatorio en las elecciones de octubre, con una posible multa de hasta $200 mil, se espera una mayor participación en las urnas, lo que impactará directamente en las finanzas del Estado.
Actualmente, los partidos y candidatos reciben un reembolso por cada voto obtenido, y con un aumento en el número de votantes, el Estado, a través del Servel, deberá aumentar su desembolso de recursos, estimado en $30 mil millones adicionales.
PROPUESTA DEL GOBIERNO
El gobierno propuso reducir el reembolso fiscal a los candidatos de $1.500 a $970 por voto, y la devolución adicional a los partidos de $560 a $370 por voto. La idea es que estos fondos fiscales se asignen según el gasto reportado.
Aunque el gobierno planea reintroducir su enmienda en la Cámara, asegurando a los partidos un financiamiento mínimo equivalente a las últimas elecciones municipales y regionales, las bancadas oficialistas no están unidas en torno a la propuesta.
Algunos diputados argumentan que el Ministerio de Hacienda no puede ajustar su presupuesto para campañas electorales a último momento, y que el gobierno y el Servel deben anticipar el máximo número de electores para estimar los gastos anuales, independientemente de la obligatoriedad del voto.
FINANCIAMIENTO PÚBLICO
El diputado Leonardo Soto del PS, sostiene que el financiamiento público de las campañas electorales busca nivelar la competencia entre candidatos de diferentes recursos, y que las condiciones actuales no justifican un cambio en el financiamiento público.
El diputado Tomás Hirsch de Acción Humanista también expresa sus reservas sobre la propuesta gubernamental de reducir el reembolso por voto, argumentando que legislar apresuradamente durante un proceso electoral en curso no es adecuado.
El jefe de bancada del PC, Luis Cuello, indica que como grupo político aún no han tomado una decisión definitiva, mientras que el diputado Jorge Brito de RD está abierto a ser persuadido por el gobierno.
FRENTE AMPLIO
Mayoritariamente, los legisladores del Frente Amplio están coordinándose para respaldar el recorte propuesto por el Ejecutivo, ya que temen que los partidos sean vistos negativamente por la ciudadanía si insisten en aumentar el financiamiento fiscal en función del crecimiento de los votantes.
La diputada Camila Musante (independiente), asociada a la bancada PPD, que forma parte de la Comisión de Gobierno donde se debate esta reforma, critica que los partidos estén preocupados por llenar sus arcas ante el inminente aumento del financiamiento debido al alto nivel de votación esperado en octubre.
