Durante su visita a Los Álamos -en la región de Biobío- para entregar vehículos blindado a Cuarta Comisaría de Control de Orden Público, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que para el Gobierno la Macrozona Sur sigue siendo una prioridad.
La autoridad aclaró que eso se mantendrá así tras el cambio de subsecretario del Interior. Luego de la salida de Manuel Monsalve, acusado de abuso sexual y violación de una funcionaria de la repartición, asumió el cargo el exministro de Justicia Luis Cordero.
Tohá destacó que la región del Biobío es la donde más han disminuido los hechos de violencia de la Macrozona Sur. A su juicio, eso es así por el trabajo en conjunto entre las policías y las Fuerzas Armadas, pero también con las autoridades locales.
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SIN MODIFICACIÓN
La secretaria de Estado descartó que haya un cambio tras la salida de Manuel Monsalve de la subsecretario del Interior. Este visitaba frecuentemente la provincia de Arauco.
«La prioridad que ha tenido la Macrozona Sur, las inversiones que se han hecho acá, las coordinaciones con las distintas instituciones, el apoyo a las policías no tiene su origen en vínculos familiares de las autoridades», recalcó Tohá.
«Tiene origen en una prioridad política establecida por el Presidente de la República», agregó.
“Esa prioridad se mantiene y no va a tener modificación alguna por el cambio de subsecretario”, especificó. Cuestión que, según la ministra, quedó clara cuando la primera actividad de Cordero fuera de la región Metropolita fue precisamente en La Araucanía.
«Si algún cambio va a ver, va a ser para profundizar aún más en este trabajo tan activo que se ha hecho en esta región», añadió.
«Y respecto a las autoridades, es lo que señalaba: las autoridades pueden cambiar, pero a la línea política de la acción del Gobierno la establece el Presidente. Eso no ha cambiado”, reiteró.
VEHÍCULOS BLINDADOS
Los vehículos blindados entregados en la Cuarta Comisaría de Control de Orden Público de Los Álamos son cuatro Arquus Bastion N2 MKS.
Son todos SUV con tracción 4×4. Fueron financiados por el gobierno regional del Biobío para combatir la violencia rural. Pueden ser utilizados en patrullaje, control de disturbios y protección de caravanas.