El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, pidió a su abogado, José Pedro Silva, que se haga parte de la solicitud de la Fiscalía ante la Corte de Apelaciones de Santiago para el desafuero del diputado exUDI Joaquín Lavín, marido de la imputada exjefa comunal Cathy Barriga.
El objetivo: que pueda ser formalizado por delitos de tráfico de influencia y fraude al Fisco.
“La decisión de adherir a la solicitud de desafuero del diputado Lavín se enmarca dentro de las graves imputaciones que hicimos hace ya cuatro meses en la querella interpuesta en representación del municipio de Maipú”, aseguró el penalista del estudio Bascuñán, Awad, Contreras y Schurmann BACS.
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Añadió que “en un primer momento se señaló que se trataba de una persecución política, pero con esto ha quedado demostrado que existe evidencia sólida respecto de los ilícitos cometidos”.
Explicó también en La Tercera que «los primeros en ratificar nuestra postura fueron el CDE, a través de la querella presentada hace un par de meses, y posteriormente el Ministerio Público, con la minuciosa solicitud de desafuero realizada por las fiscales Lorena Parra y Constanza Encina».
“los antecedentes son concluyentes, y esperamos que prontamente se pueda desaforar al diputado para que posteriormente sea formalizado, porque se trata de graves ilícitos cometidos por una alta autoridad de la República», sostuvo.
«Tal como hemos señalado anteriormente, tenemos el mandato del alcalde y del concejo municipal de perseguir las responsabilidades penales, caiga quien caiga», enfatizó Silva.
LAS ACUSACIONES
Como antedente de la solicitud de desafueo, al hijo mayor de Joaquín Lavín Infante, exalcalde de Las Condes y excandidato presidencial, se le imputan una serie de conductas. Estas incluyen tráfico de influencias en el municipio de Maipú y defraudación de dineros provenientes del Congreso para financiar actividades políticas propias y de una plataforma que creó y que ocuparon más de 70 candidatos UDI: Socialtazk.
De acuerdo con la investigación de la fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina y el OS-7 de Carabineros, los servicios de esa “app” era financiada con fondos fiscales. Se entregaban a cambio de “información privada de millones de personas que los candidatos obtenían en el desempeño de sus labores públicas”, presuntamente para beneficiar un negocio familiar.
En Maipú, en tanto, se cuestiona el rol de Joaquín Lavín Jr. mientras su esposa fue alcaldesa de esa comuna.
“Contamos con correos electrónicos, conversaciones a través de aplicaciones telefónicas, entre otros. Se constató que desde el inicio de la administración municipal de su cónyuge el imputado, quien es diputado del distrito, se interesó tanto económica como políticamente en diversas operaciones y contratos, contexto en el que valiéndose de su especial posición como diputado de la República y de su vínculo personal con la máxima autoridad municipal, influyó en diversos funcionarios públicos municipales con el objeto de que estos tomaran decisiones favorables a sus intereses dentro de la municipalidad de Maipú”, acusa la Fiscalía.
