Con la medida cautelar de arresto domiciliario total quedaron los conservadores de bienes raíces Sergio Yáber y Yamil Najle, y el dueño de la casa de cambio Inversiones Suiza Limitada, Harold Pizarro, tras su formalización en el marco de la llamada “trama bielorrusa”.
Según la Fiscalía, en los hechos que investiga estos habrían participado en las operaciones de blanqueo de los pagos que los abogados del Consorcio Belaz Movitec (CBM) Eduardo Lagos y Mario Vargas habrían hecho a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, a través de su pareja, Gonzalo Migueles, para asegurar un fallo favorable s sus clientes en una contienda con Codelco.
“La multiplicidad de antecedentes que hasta ahora han sido incorporados en esta causa permiten asentar que aquellos antecedentes, que han tenido una presunta participación punible en calidad de autores del delito de lavado de activos», sostuvo el juez Jaime Fuica.
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“Estima este tribunal necesario dejar constancia expresa de que la adopción de estas medidas cautelares no importa en caso alguno una minimización de los hechos investigados», agregó el magistrado.
Añadió que el arresto domiciliario «aparece como la medida más intensa posible dentro del debate efectuado y resulta, por cierto, idóneo, necesario y proporcional para asegurar la sujeción de los imputados al proceso, impedir su desplazamiento, evitar coordinaciones indebidas y resguardar el éxito de la investigación».
Recordemos que los otros formalizados en la causa de la trama bielorrusa -Lagos, Vargas y Migueles- cumplen arresto preventivo total.
COLABORACIÓN SUSTANTIVA
Durante la audiencia el fiscal Marcos Muñoz reveló que estos tres imputados de la trama bielorrusa suscribieron convenios de cooperación eficaz y que han entregado información relevante que confirma su hipótesis del caso.
Dijo que “parte sustantiva de los antecedentes que sustentan la imputación provienen de declaraciones de los propios imputados, quienes han reconocido las operaciones financieras descritas, lo que confiere a la investigación una base práctica sólida y proyecta un interés colaborativo, que lejos de disminuir la necesidad cautela, como se ha planteado, la refuerza en cuanto a la investigación se encuentra en pleno desarrollo”.
Según la Fiscalía, Pizarro -«a sabiendas del origen ilícito de los bienes»- habría participado de manera reiterada en operaciones de ocultamiento y disimulación de pagos ilícitos efectuados a Migueles, «utilizando su giro comercial con infracción de las obligaciones legales y reglamentarias que rigen a la casa de cambio en materia de prevención de lavado de activos”.
Sobre Sergio Yáber, conservador de Puente Alto, aceptó recibir «47 mil dólares y comprárselos a Migueles, realizando las posteriores transferencias que le fueron solicitadas por Migueles, maniobras de ocultamiento y simulación consistentes en la fragmentación del dinero para facilitar su posterior integración en el patrimonio del imputado Migueles”.
En cuanto a Yamil Najle, conservador de Chillán, se habría coordinado con Sergio Yáber para recibir 25 millones de pesos, a sabiendas de su origen ilícito, «para generar una serie de contratos destinados a encubrir, ocultar y disimular el verdadero origen de estos dineros».
