A pocas horas de conocerse el fallo del Tribunal Constitucional que destituyó a la senadora Isabel Allende por la firma de un contrato de compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, varios miembros del PS salieron rápidamente a criticar a la funcionaria encargada de validar la legalidad y constitucionalidad de los decretos firmados por el Presidente Gabriel Boric: Francisca Moya.
El primero en pronunciarse fue el jefe de la bancada de diputados, Juan Santana. En una conversación con Estado Nacional, el legislador comenzó señalando que «Hay una responsabilidad administrativa en algunos funcionarios que permitieron que este proceso se llevara adelante».
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Luego agregó: «Existen mayores responsabilidades en el gobierno de las que hasta el día de hoy se han hecho valer y es completamente legítimo que, en caso de que este fallo sea tal como se ha conocido, nosotros pidiéramos revisar las responsabilidades administrativas que tuvieron aquellas personas que permitieron que este proceso se validara».
PAULINA VODANOVIC
La presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, fue la encargada de señalar con nombre y apellido a quien dentro del partido consideran responsable de no haber detectado el impedimento para realizar la transacción.
La timonel del PS también fue consultada en radio Cooperativa sobre la responsabilidad del actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), quien en ese entonces era el titular de la Secretaría General de la Presidencia, es decir, jefe de Francisca Moya.
Al respecto, Vodanovic comentó: «No es el momento de iniciar una caza de brujas en esto, hay una cadena infinita de personas. En este caso es Francisca Moya, pero no es mi interés hoy día hacer una caza de brujas (…) evidentemente hay un cambio de ánimo en mi partido, tengo que decir que hay frustración, sentimientos de faltas de solidaridad en lo humano, habrá que procesarlo de la manera que corresponda, pero con tiempo».
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
El diputado Marcos Ilabaca, por su parte, cuestionó que «Aquí las responsabilidades políticas, principalmente de sectores del Frente Amplio, no han sido pagadas».
Y añadió: «Uno podría decir ‘salió una ministra’, pero quedan personas responsables de este proceso que siguen llevando adelante sus gestiones. Y en este caso comparto la posición de la presidenta del partido, aquí existen responsables que deben pagar uno de los mayores errores cometidos por parte de esta administración y que ha dañado parte del corazón socialista».
PROCESO
El diputado Leonardo Soto también criticó con dureza el fallido proceso. «Todo se estropeó cuando autoridades políticas del Frente Amplio cometieron una cadena de errores o chambonadas en la materialización de la compra y, ahora, aparecen dos ministras del TC designadas por este gobierno, que suman sus votos a la destitución. Parece ser una sospechosa coincidenci»”.
El jefe de bancada de los senadores del PS, Juan Luis Castro, señaló que «Esta es una acción originada e iniciada en una iniciativa del gobierno. Hay una responsabilidad mayor de parte de las autoridades de gobierno en esa decisión que termina ahora con la salida de nuestra compañera, la senadora Isabel Allende».
«No se oye dónde está el mea culpa de quienes propusieron, buscaron, quisieron, ordenaron y firmaron. Aún no se oye esa autocrítica», enfatizó Castro.
«Hay un grupo de asesores que le tienen que advertir al Presidente que las cosas no van por el camino que se quiere, y no pasó», sostuvo el senador Gastón Saavedra.
