Unas horas después de que se conociera que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella contra el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, por no responder a una denuncia administrativa de principios de noviembre, la respuesta llegó de parte de la fiscalía.
Y lo hizo con la firma del persecutor metropolitano Sur, Héctor Barros, en calidad de fiscal nacional (s).
El abogado Luis Mariano Rendón -querellante en varias causas relacionadas con el expresidente Sebastián Piñera- había planteado que hubo irregularidades cuando, a través de un comunicado del Ministerio Público, se respondió a los dichos de la defensa de Luis Hermosilla sobre una reunión que éste tuvo el con el exministro Andrés Chadwick y el fiscal nacional Ángel Valencia.
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Acusó al persecutor de “abuso de poder” por haber usado canales institucionales del organismo que encabeza para desmentir los dichos de Hermosilla.
Como no hubo respuesta en mas de un mes, presentó una querella contra Valencia por el delito de “denegación o retardo de servicio”. Esa es la que el tribunal declaró admisible.
LA RESPUESTA
En su respuesta de cuatro páginas, el fiscal Barros descartó vulneración al principio de probidad y abuso de poder.
Desestimó los dichos de la defensa de Luis Hermosilla -y que forman parte de la génesis de la denuncia administrativa de Rendón- diciendo que «no solo tiene como propósito defender los intereses de su representado, sino que también intentó generar un impacto en la opinión pública sobre la integridad y veracidad de las declaraciones realizadas por don Ángel Valencia Vásquez, en su calidad de Fiscal Nacional».
“Esta estrategia, al sembrar dudas respecto de la autoridad institucional, afecta no solamente la imagen de quien reviste ese cargo, sino también la del Ministerio Público en su conjunto, comprometido con la transparencia, probidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones”, argumentó.
«ACTO LEGÍTIMO»
Consideró, también, un acto legítimo de la institución el comunicado que se generó a partir de este hecho, pues está «orientado a resguardar la imagen y la credibilidad del Ministerio Público y de su jefe de servicio».
Ello, «frente a afirmaciones que se consideran falsas, las cuales fueron formuladas ante la Corte de Apelaciones de Santiago y posteriormente reproducidas por diversos medios de comunicación de circulación nacional».
A juicio del fiscal Barros, con ese acto no se evidenció «la obtención de ventajas indebidas ni conductas arbitrarías contrarias a la integridad institucional».
Por lo tanto, rechazó la denuncia administrativa “por no ser un acto vulneratorio al principio de probidad ni constitutivo de abuso de poder”.
Al respecto, Luis Mariano Rendón dijo a La Tercera que la respuesta a la denuncia «es sencillamente una tapadera para el abuso de poder de Valencia».
Reiteró que «ha utilizado el nombre y los medios de la Fiscalía para tratar de imponer su versión de los hechos que lo comprometen».
«Estudiaremos las acciones administrativas o judiciales que procedan contra esta vergüenza de resolución», agregó.
