El ministro de Economía, Nicolás Grau, salió al paso de la polémica sobre los traspasos extraordinarios desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) al Tesoro Público, que superan los $3,4 billones.
En su intervención, Grau aseguró que la medida se ha realizado de forma «regular y transparente», desestimando las críticas sobre un eventual perjuicio patrimonial para Corfo.
«A propósito de la polémica que ha existido de estos traspasos de Corfo al Tesoro, es bastante artificial. Esto ha sido de forma bastante regular y transparente», sostuvo el titular de Economía. Agregó que «las actas son actas a las que se puede acceder sobre la base de solicitudes y además todo esto ha sido parte de la discusión presupuestaria».
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El principal argumento del ministro para justificar los montos elevados de 2022 y 2023 es el incremento de los ingresos provenientes del litio.
«Había un precio muy elevado del litio y, por lo tanto, había ingresos muy grandes que llegaron a Corfo. Era natural que el Ministerio de Hacienda buscara utilizar esos recursos para responder a las necesidades del país», explicó Grau.
Sin embargo, un reportaje de The Clinic reveló que el consejo de Corfo aprobó estos millonarios traspasos al Fisco sin transparentarlos a la opinión pública.
¿CUADRAR LA CAJA?
Además, se cuestionó que estas transferencias generalmente ocurren en contextos de crisis extremas o de gastos extraordinarios, lo que no sería el caso en esta ocasión. Como referencia, en 2020, en plena crisis del Covid-19, se traspasaron 1.000 millones de dólares, una cifra significativamente menor a los 3,4 billones de pesos actuales.
La interrogante que surge es si se utilizó patrimonio fiscal para cubrir el gasto operacional del Estado y hacer «cuadrar la caja».
Ante esto, Grau insistió en que «era natural que el Ministerio de Hacienda buscara utilizar esos recursos para justamente poder responder a las necesidades del país».
En un punto de prensa, acusó que en torno a esta información «no existe ningún asidero, sino que es probablemente desinformación o mala intención».
También argumentó que «existían urgencias sociales en materia de seguridad, por ejemplo, con la necesidad de más carros para los policías», además de necesidades en salud y vivienda.
PROTAGONISMO DE CORFO
Asimismo, Grau destacó el protagonismo que ha tenido Corfo en la actual administración, señalando que «está liderando el tema del hidrógeno verde y tiene un rol relevante en materia de litio».
Sobre el activo financiero de la institución, argumentó que «si uno toma el inicio del Gobierno, el patrimonio estaba en torno a los 160 millones de dólares. Si uno toma la situación final del año 2024, este activo es de 1.500 millones de dólares».
A pesar de estas explicaciones, persisten dudas sobre el real impacto de estos traspasos en la capacidad de Corfo para financiar futuras iniciativas de fomento productivo.
Mientras el Gobierno insiste en la legalidad y conveniencia de la medida, sus críticos advierten sobre el uso de recursos extraordinarios sin un plan de reinversión sostenible a largo plazo.
REACCIONES
Las declaraciones del ministro de Economía, Nicolás Grau, defendiendo los traspasos de recursos desde Corfo al Tesoro Público no lograron disipar las críticas de la oposición, que considera que el Gobierno utilizó estos fondos para cubrir déficits presupuestarios sin la debida transparencia.
El diputado e integrante de la Comisión de Hacienda, Miguel Mellado, denunció que el Gobierno solicitó a Corfo traspasar mayores ingresos extraordinarios del litio en el verano de 2023.
«Lo hicieron en cantidad de cuotas, pero no quedaron conformes porque los ingresos no estaban a la altura de los gastos que colocó el Gobierno en el presupuesto del 2023. ¿Y qué pidió? Pidieron 1.500 millones de dólares más del patrimonio de Corfo», afirmó.
Según Mellado, el Ejecutivo «mintió y omitió información» en los registros oficiales, y con esta acción «descapitaliza a Corfo para cuadrar su caja». Además, comparó esta operación con transferencias realizadas en el pasado, señalando que antes se justificaban para salvar vidas y comprar vacunas, pero que en esta ocasión se trataría de cubrir errores en la gestión financiera del Estado.
POSIBLE COMISIÓN INVESTIGADORA
Por su parte, el diputado Henry Leal calificó la situación como «demasiado grave» y anunció que la bancada de su sector está promoviendo la creación de una comisión investigadora.
«No descartamos ninguna acción fiscalizadora, porque aquí Corfo no puede ser la caja chica pagadora sobre los déficits que tiene este Gobierno», advirtió.
Leal también cuestionó la renuncia de la directora de Presupuestos, subrayando que su salida se produjo sin previo aviso y sin conocimiento del Congreso ni de la Contraloría. «¿Qué esconden? Simplemente por su déficit de excesivo gasto público están dispuestos a hacer todo», acusó.
