Dieciséis años de cárcel efectiva deberá cumplir el exalcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy (ex PS) según la sentencia leída hoy en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de esa ciudad.
También deberá pagar una multa de $400 millones.
A ello se suma la acogida de la demanda civil de indemnización de perjuicios presentada en el marco de la causa, donde el tribunal ordenó a Juan Ramón Godoy el pago de 540 millones de pesos, monto que busca resarcir el daño patrimonial provocado al Estado como consecuencia de los hechos acreditados en el juicio, detalló el diario El Tipógrafo.
Lea también: Boric: «No vamos a permitir que se retroceda en los derechos que hemos alcanzado»
Con ello, el total de las sanciones económicas impuestas supera los 900 millones de pesos.
Asimismo, quedó inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos y oficios públicos, una sanción accesoria que lo imposibilita de manera definitiva para desempeñar funciones en la administración del Estado.
La audiencia de lectura de sentencia fue seguida de manera remota por el exjefe comunal, tal como ocurrió en la lectura del veredicto.
TRES DELITOS
El exjefe comunal fue declarado culpable de los delitos de cohecho, fraude al Fisco y lavado de activos.
Los hechos habrían desarrollado entre los años 2021 y 2023, período en el que -según el Ministerio Público- se configuró un mecanismo de adjudicaciones irregulares y desvío de recursos públicos por un total del dinero involucrado de $2.300 millones.
El 23 de diciembre pasado el tribunal había dado a conocer su veredicto condenatorio unánime en contra de Juan Ramón Godoy.
En detalle, por el delito de cohecho continuado y consumado, el tribunal condenó al exalcalde a doce años de presidio mayor en su grado medio, pena a la que se sumó una condena adicional de cuatro años de cárcel por el delito de lavado de activos, en su grado máximo.
Los jueces explicaron que las penas fueron fijadas considerando la gravedad de los hechos acreditados durante el juicio oral, el carácter continuado de algunas conductas y el volumen de antecedentes probatorios presentados por el Ministerio Público, entre ellos testimonios, peritajes financieros y documentación incorporada durante el proceso.







