El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acogió a trámite el requerimiento del Senado por la Comisión Asesora contra la Desinformación, creada por el Gobierno y canalizada a través del Ministerio de Ciencia, que según parlamentarios y periodistas, tiene vicios de inconstitucionalidad, además de atentar en contra de la libertad de información.
En votación dividida, el Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el requerimiento ingresado por el Senado para que el organismo se pronuncie sobre la constitucionalidad de la Comisión Asesora contra la Desinformación creada por el gobierno. De esta forma, la instancia entrará al fondo del requerimiento.
De acuerdo con la determinación, los alegatos se realizarán el próximo 17 de agosto.
Durante la discusión, estuvieron por la inadmisibilidad la presidenta Nancy Yáñez, Daniela Marzi y Nelson Pozo. Por la admisibilidad, en tanto, votaron Christian Letelier, José Ignacio Vásquez, Pía Silva, Miguel Ángel Fernández y Manuel Antonio Núñez.
El Senado recurrió ante el TC, tras aprobar un proyecto de acuerdo que cuestiona que, al ser la «libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa» un derecho consagrado en la Constitución, el comité debió ser creado mediante una iniciativa de ley que posibilitara el debate en el Congreso y no vía decreto.
Entre otros, el periodista Santiago Pavlovic consideró que la señalada comisión representa un “peligro para la libertad de expresión”. “No aporta a la promoción de la libertad de expresión en Chile y más bien podría debilitar ese derecho. Es una comisión patrocinada por un gobierno, lo cual ya siembra dudas respecto de su independencia, aunque sus integrantes parezcan ser personas honorables y loables”, indicó.
¿RESQUICIO LEGAL?
Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS) dijo que el decreto que creó la comisión “establece que dentro de las temáticas y las funciones son las políticas públicas y la desinformación. Entonces yo quiero entender a qué alude esto, porque una política pública es una legislación que pasa por este Senado o por el Congreso”.
Alfonso de Urresti, también socialista, apuntó su crítica a que la comisión esté alojada en el Ministerio de Ciencias. “Yo participé como integrante, hace 9-10 años, de la comisión de Desafíos del Futuro en la elaboración del proyecto del ministerio (de Ciencia) y no recuerdo en ninguna discusión, ni con las personas más variadas, en que imaginábamos en que el ministerio iba a estar a cargo de esto”, reclamó.
El TC deberá determinar si la vía del decreto es una manera de eludir al Congreso en una materia propia de ley y que afecta derechos constitucionales o, en su caso, aprobar que se puede legislar vía decreto.
