Por ocho votos a dos el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró la cesación en el cargo y, por lo tanto, la destitución de la senadora por Valparaíso Isabel Allende (PS). Eso es, extraoficialmente, porque oficialmente la sentencia quedó en acuerdo.
Ocho de sus integrantes habrían estado por acoger las presentaciones de legisladores opositores y confirmar la salida de la parlamentaria de su cargo. La mayoría estuvo encabezada por la presidenta del TC, Daniela Marzi, además de las ministras Nancy Yáñez, María Pía Silva, Marcela Peredo, Alejandra Precht, y los ministros Raúl Mera, Miguel Ángel Fernández y Héctor Mery, publicó Emol.
Por rechazar las presentaciones estuvieron Catalina Lagos y Mario Gómez.
Se trataría de la primera vez que la magistratura acoge requerimientos de este tipo, que determinan la salida del cargo de un integrante del Poder Legislativo.
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El Tribunal Constitucional sesionó durante esta jornada para conocer la solicitud presentada por diputados del Partido Republicano y de Chile Vamos para destituir a la senadora por su rol en la frustrada compra por parte del Estado de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, en la calle Guardia Vieja de Providencia.
Entre los propietarios del inmueble figuraba la legisladora y su sobrina Maya Fernández, en ese entonces ministra de Defensa. Ambas estaban impedidas constitucionalmente de celebrar contratos con el Fisco.
La ley establece específicamente que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”.
La sanción incluye también la inhabilitación por dos años para ejercer cargos públicos.
ACUSACIÓN Y DEFENSA
El abogado Emiliano García Bobadilla alegó para fundamentar el requerimiento del Partido Republicano por la destitución de Allende. Luego, Máximo Pavez lo hizo en representación de Chile Vamos.
«Nuestro requerimiento no es un cuestionamiento a la persona de la senadora Allende, ni a su trayectoria política, ni tampoco a la memoria histórica, que legítimamente ella y muchas otras personas se empeñan en custodiar», aseguró.
«Esta va a ser una sentencia que va a ser largamente discutida por profesores de derecho civil, de derecho constitucional, por estudiantes de derecho. Y esta causa versa sobre tres bienes jurídicos decisivos y fundamentales para el Estado de Derecho: la supremacía constitucional, la igualdad ante la ley y la obligación que recae en todos los órganos del Estado de garantizar el orden institucional de la República”, agregó.
Por parte de la defensa de Allende frente a la solicitud de destitución, el abogado Gabriel Osorio aseguró que el contrato mencionado no es tal y “está suspendido porque no se perfeccionó”.
“No hay contrato. Pero, además, si lo hubiere, no vulnera la probidad administrativa. No fue celebrado en atención al ejercicio de su cargo parlamentario. No obtuvo un beneficio arbitrario o discriminatorio, sino que decía relación con el cumplimiento de funciones públicas, con un fin público y por tanto es el interés público el que está aquí comprometido”, aseveró.
