El Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana acogió a trámite un recurso presentado contra la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), por presunto abandono de deberes y faltas a la probidad durante su gestión entre 2021 y 2024. Seis concejales de oposición —Luis Mackenna (UDI), Carolina Prieto (Republicanos), Santiago Mekis (RN), Juan Mena (RN), Vicente Martínez (Republicanos) y María José Ramírez (RN)— presentaron el requerimiento el pasado 4 de junio ante el Segundo Tribunal Electoral.
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En su resolución, el tribunal validó la presentación al confirmar que se realizó dentro del plazo legal de seis meses posteriores al término del mandato municipal, conforme al artículo 51 bis de la Ley N.º 18.695. Asimismo, advirtió que computar ese periodo desde la renuncia anticipada de Irací Hassler, como ella solicitó, podría restringir la capacidad de fiscalización del nuevo concejo municipal.
CONCEJALES APUNTAN A MÚLTIPLES IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN
El recurso solicita la inhabilitación de Hassler para ejercer cargos públicos por cinco años, señalando una serie de hechos que, a juicio de los concejales, constituyen abandono de deberes y faltas a la probidad. Entre ellos destacan las transferencias por más de $8.700 millones desde el municipio a la Corporación para el Desarrollo de Santiago (CORDESAN), sin los registros públicos correspondientes, según la Contraloría. También acusan fallas en la rendición de cuentas, falta de control electrónico interno, y deficiencias presupuestarias y de seguridad.
Además, incluyen la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella, cuya investigación fue cerrada sin formalizaciones y cuya audiencia de término está fijada para el 18 de julio. A ello se suman irregularidades en la entrega de tarjetas de alimentos y ausencias injustificadas a sesiones del COSOC.
HASSLER DEFIENDE SU GESTIÓN Y DENUNCIA PERSECUCIÓN POLÍTICA
El pasado 11 de junio, Hassler solicitó declarar inadmisible el requerimiento, argumentando que su responsabilidad administrativa se extinguió con su renuncia, efectuada el 15 de noviembre de 2024, y que el plazo legal ya había vencido. El tribunal, sin embargo, rechazó dicha petición y dio curso a la causa.
En su respuesta, la exalcaldesa afirmó que las acusaciones responden a una persecución política sin fundamentos jurídicos, destacando que no existe hasta ahora responsabilidad penal ni administrativa en su contra. Desde ahora, cuenta con un plazo de 10 días para presentar sus descargos ante el tribunal.
