El 7º Juzgado de Garantía de Santiago desestimó la solicitud de la defensa de la exmagistrada de la Corte Suprema Ángela Vivanco de anular la reformalización que se realizó hoy.
Tras la comunicación de las imputaciones contra la exjueza, su pareja Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos -todos imputados por presuntos delitos de cohecho, soborno y lavado de activos en la llamada trama bielorrusa, relacionada con los litigios entre la empresa Belaz Movitec y Codelco- el defensor de la exministra, Jorge Valladares, acusó una infracción al debido proceso y solicitó la nulidad de la audiencia.
Argumentó que los hechos planteados por el Ministerio Público correspondían a “núcleos fácticos distintos” y que, por lo tanto, requerían una nueva querella de capítulos.
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Recordemos que Vivanco fue formalizada tras una querella de capítulos que dio marco a las imputaciones.
“¿Cuál es el límite para este tipo de actuaciones? ¿Puede acaso la Fiscalía reformalizar o comunicar hechos nuevos cuantas veces le parezca necesario?“, cuestionó el defensor.
Argumentó que «se está ocasionando un perjuicio grave al derecho de defensa. Se nos impidió, por lo mismo, hacer solicitudes concretas de diligencia en relación con estos puntos. Y esto se hace, además, coincidentemente en la misma fecha en que se pretende discutir acerca de la ampliación del plazo de la investigación”, argumentó el abogado.
El tribunal optó por desestimar la anulación de la reformalización de Vivanco.
90 DÍAS
La audiencia de hoy se produjo a raíz de la presentación de un escrito firmado por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien pidió formalizar nuevos antecedentes surgidos durante la indagatoria.
Aduciendo que se mantienen una serie de diligencias pendientes, el Ministerio Público solicitó ampliar el plazo de investigación de 90 días que se estableció el 15 de noviembre, en la formalización de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos.
Ahora ese plazo se amplió en otros 90 días.
Ángela Vivanco permanece en prisión preventiva desde el 30 de enero pasado, cuando fue formalizada por los mismos delitos en el contexto del conflicto judicial entre Codelco y el consorcio bielorruso Belaz Movitec.
