En forma unánime el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) revocó las multas aplicadas por el Servicio Electoral (Servel) a la Corporación Aprueba por Chile y la Fundación Democracia Viva por presuntamente coordinarse para evadir los límites de gasto relacionados con el plebiscito constitucional de septiembre de 2022.
Las sanciones sumaban 30 Unidades Tributarias Mensuales y casi 100 millones de pesos.
Se había determinado incumplimiento de registro como “comando” y exceso de gasto electoral.
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Pero ahora el Tricel determinó que el Servel no logró demostrar que ambas entidades se coordinaran para evadir los límites de gasto.
De acuerdo con el fallo difundido por Rdio Bío Bío, “no existen antecedentes que permitan concluir una obligación de inscribirse como comando” y, además, cada organización declaró gastos por debajo de los topes individuales establecidos.
BUENA FE
El Tricel fundamentó su decisión en el artículo 5 letra d) de las Instrucciones del Servel (Resolución O N°431), que permitía a las organizaciones inscribirse individualmente o en comandos. Ambas entidades optaron por el registro individual, con gastos declarados de $132.809.013 (Aprueba por Chile) y $51.763.908 (Democracia Viva), montos inferiores al límite de $150.976.921 establecido para cada una.
El Servel alegó que existió una “relación operativa” basada en comunicaciones entre Felipe Heusser (coordinador de Aprueba por Chile) y Daniel Andrade (representante de Democracia Viva).
Sin embargo, el tribunal consideró insuficientes estos antecedentes: «No basta el indicio de una gestión coordinada; se debe probar que el gasto fue ejecutado por una entidad diversa», planteó el tribunal.
La resolución subrayó que la normativa persigue garantizar transparencia y que “las organizaciones rindieron sus gastos en la oportunidad correspondiente y dentro de los límites”. Con ello el Tricel respaldó la presunción de buena fe de ambas entidades.
Sobre el registro como “comando”, el fallo reiteró que la Constitución lo planteaba como una opción, no una obligación. “No corresponde imputar el gasto de una fundación a otra sin vinculación formal”, concluyó.
