El futuro político del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, entrará este viernes en una etapa decisiva. A partir de las 15:00 horas, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) escuchará los alegatos por el requerimiento mediante el cual consejeros regionales republicanos y de la UDI buscan removerlo del cargo.
La controversia se concentrará en una distinción clave: que las investigaciones penales no hayan prosperado no impide que el tribunal electoral examine eventuales responsabilidades administrativas.
El abogado Ciro Colombara presentará los argumentos de Orrego, mientras que Álvaro Ferrer intervendrá en representación de los consejeros requirentes. Tras la audiencia, el tribunal quedará en condiciones de deliberar sobre la continuidad de la autoridad regional.
ACUSACIONES POR PROBIDAD Y CONTROL INTERNO
El requerimiento fue ingresado en julio de 2025 por consejeros regionales de oposición, quienes acusaron al gobernador de notable abandono de deberes y de infringir gravemente el principio de probidad administrativa.
Entre los cuestionamientos se encuentran la presunta falta de manuales, controles internos y mecanismos de verificación en el Gobierno Regional Metropolitano. También se reprocha una supuesta concentración de funciones sin una adecuada separación de responsabilidades.
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Parte de las imputaciones está relacionada con los convenios suscritos con la Fundación ProCultura. Los requirentes incorporaron, además, el uso de más de $31 millones en sesiones de coaching que, según sostienen, habrían tenido una orientación vinculada con la campaña de reelección de Orrego.
La ofensiva fue impulsada inicialmente por figuras como Ignacio Dülger, Álvaro Bellolio y los abogados Máximo Pavez, Emiliano García y Pablo Toloza. Varios de ellos actualmente desempeñan funciones en el Gobierno, aunque el proceso continuó su tramitación ante el Tricel.
LA DEFENSA EXHIBE SUS TRIUNFOS JUDICIALES
Orrego llegará a la audiencia con una serie de resoluciones favorables que su defensa incorporó al expediente. Entre ellas destaca el rechazo unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago a la solicitud de desafuero presentada en su contra por el caso ProCultura.
Posteriormente, la causa terminó con su sobreseimiento definitivo. A ello se sumó la decisión de la Fiscalía Oriente de no perseverar en la investigación por las sesiones de coaching, debido a que no reunió antecedentes suficientes para sostener una imputación penal.
La defensa también presentó el reciente fallo de la Corte Suprema que ordenó a la aseguradora Aspor pagar cerca de $1.000 millones correspondientes al convenio “Quédate”, suscrito entre el Gobierno Regional y ProCultura. La resolución incluyó el cobro de una multa y el pago de las costas judiciales.
El equipo jurídico de Orrego sostiene que estos antecedentes debilitan las acusaciones formuladas por los consejeros. Colombara y Aldo Díaz afirmaron que el requerimiento carece de sustento jurídico y fáctico, y expresaron su confianza en que será rechazado.
CONTRALORÍA MARCA EL PUNTO DE MAYOR RIESGO
Pese a los resultados favorables obtenidos en el ámbito penal, el principal flanco para Orrego continúa siendo el pronunciamiento de la Contraloría sobre las sesiones de coaching. El organismo detectó irregularidades administrativas y posteriormente rechazó la solicitud presentada por el gobernador para revisar sus conclusiones.
Los consejeros intentarán demostrar que esas observaciones son suficientes para configurar una contravención grave a la probidad o un notable abandono de deberes, figuras cuya calificación corresponde exclusivamente al Tricel.
La defensa, en cambio, buscará acreditar que los hechos cuestionados no alcanzan la gravedad necesaria para justificar la destitución de una autoridad elegida democráticamente.
La decisión quedará en manos de los integrantes de la sala del tribunal electoral. Entre quienes podrían participar se encuentran los ministros Arturo Prado, Mauricio Silva, Adelita Ravanales, Omar Astudillo y Gabriel Ascencio. El fallo determinará si Orrego continúa al frente del Gobierno Regional Metropolitano o debe abandonar anticipadamente el cargo.
