La Corte de Apelaciones declaró admisible el recurso de amparo presentado por la defensa de la senadora Camila Flores (RN) para limitar el acceso de la Fiscalía a los artículos incautados en el marco de la investigación en contra de la legisladora.
Impuso también un plazo de 24 horas para informar de la decisión a los jueces del Juzgado de Garantía de Valparaíso.
El abogado de la parlamentaria, Luis Masferrer, explicó que el recurso de amparo busca poner “límites a la indiscriminada persecución penal, respecto de la cual está siendo víctima mi representada».
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Añadió que «la ley exige que las diligencias sean pertinentes al esclarecimiento de hechos determinados y que toda medida que restrinja derechos fundamentales cuente con autorización judicial previa”.
Según el legista “la Fiscalía pretende acceder y revisar la totalidad de la información incautada, incluyendo una libreta personal perteneciente a una niña menor de edad que no tiene ninguna vinculación con los hechos investigados».
LA LIBRETA DE LA HIJA
«Sería interesante conocer la opinión del Defensor de la Niñez, en este sentido. Estoy convencido que estará de acuerdo conmigo que debe haber una especial preocupación en este punto», enfatizó.
Lo que solicitaba el recurso de amparo de la senadora Flores era que el tribunal definiera límites concretos respecto de las fechas, materias y personas que pueden ser objeto de revisión. Especial mención de ello tenía que se excluyera la libreta de la hija de Flores, que es menor de edad.
“La privacidad y los datos personales de niños, niñas y adolescentes tienen una protección reforzada: no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales”, alegó Masferrer.
A su juicio, “una investigación penal no puede transformarse en una búsqueda general e ilimitada sobre la vida privada de una familia”.
La senadora Camila Flores enfrenta una investigación penal de la Fiscalía por presunto fraude al fisco, por un supuesto mecanismo de recorte de sueldos a sus asesores parlamentarios que habría operado durante años. Un exasesor presentó una querella criminal en su contra acusando exacciones ilegales.
Personal policial del OS9 allanó su oficina en el Senado y su domicilio para incautar equipos electrónicos y documentos en el marco de las pesquisas dirigidas por el Ministerio Público.
