Luego de que el Consejo para la Transparencia (CPLT) rechazara su solicitud de divulgar los resultados de los exámenes de drogas aplicados a autoridades públicas, la bancada de diputados de la UDI decidió escalar el debate a una instancia internacional. Mediante una carta, los parlamentarios recurrieron a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, para solicitar una opinión jurídica que respalde su postura.
RECLAMO INTERNACIONAL TRAS NEGATIVA LOCAL
El CPLT, encabezado por la abogada Natalia González, cercana a la UDI, sostuvo que los resultados de los test deben considerarse “datos personales sensibles”, por tratarse de información sobre el estado de salud de los funcionarios. A juicio del consejo, la confidencialidad de estos datos está resguardada por la legislación nacional (Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada) y por la Constitución, que protege expresamente la vida privada y los datos personales de todos los ciudadanos.
Lea también Así es la denuncia de senadores RN por campaña contra Matthei
Pese a esta postura, los diputados gremialistas insistieron en la necesidad de dar publicidad a estos antecedentes. En su carta enviada a la secretaria general de la Comisión de Venecia, Simona Granata-Menghini, argumentaron que el consumo de drogas ilegales es incompatible con el ejercicio de funciones públicas de alto nivel, debido a eventuales conflictos de interés y la obligación ética de quienes están a cargo de combatir el narcotráfico.
EL MARCO NORMATIVO EN DISPUTA
Los diputados citaron diversas normativas que, según ellos, justifican su planteamiento. Entre ellas, el Reglamento de Control de Consumo de Drogas vigente en la Cámara de Diputados —que establece la aplicación de test de pelo y la publicidad de los resultados—, así como la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que define la dependencia de drogas como una inhabilidad para ejercer cargos públicos, salvo que haya justificación médica.
También destacaron una norma incluida en la Ley de Presupuestos 2025, impulsada por la propia UDI, que obliga al Presidente, ministros y subsecretarios a someterse a exámenes semestrales de drogas. Sin embargo, cuestionaron la forma en que el Ejecutivo implementó este mandato: a través de una licitación a cargo de Senda, cuyos resultados se entregan de forma reservada a las respectivas autoridades.
TRANSPARENCIA VERSUS PRIVACIDAD
La principal crítica del bloque opositor es que el mecanismo actual “carece de sentido” si los resultados no son públicos. A su juicio, el objetivo del control es dar garantías a la ciudadanía respecto de la probidad de sus autoridades y su desvinculación con el narcotráfico. En ese marco, consideran indispensable que los exámenes sean rigurosos, como el test de pelo, y sus resultados accesibles.
En su misiva, los diputados pidieron a la Comisión de Venecia pronunciarse sobre la legalidad y conveniencia de este tipo de controles, y sobre la posibilidad de modificar el marco jurídico chileno para garantizar la publicidad de los resultados.
La jugada de la UDI revela su disposición a internacionalizar un debate que, en el plano local, ha sido zanjado por las instancias institucionales, y pone nuevamente sobre la mesa la tensión entre el derecho a la privacidad de los funcionarios públicos y las exigencias de transparencia que plantea la ciudadanía.
Diputados #UDI acuden a la Comisión de #Venecia tras portazo del @ctransparencia por test de drogashttps://t.co/XJ018qcolt
— Nicolás (@NicoQuinonesP) July 29, 2025
